Las Fiscalías Anticorrupción del Ministerio Público mantienen activas 4,275 investigaciones relacionadas con delitos de peculado, malversación de fondos, corrupción, tráfico de influencias y falsedad de documentos, en las cuales se han formulado cargos contra 184 funcionarios, exfuncionarios y particulares, por perjuicios al Estado que ascienden a $36 millones 222 mil.
Un informe presentado la mañana de este martes 7 de octubre por el Ministerio Público detalla que las investigaciones han revelado la participación de funcionarios y exfuncionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Dirección General de Ingresos (DGI), Caja de Seguro Social (CSS), Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Educación (Meduca) y el Municipio de Panamá, en redes estructuradas para la sustracción de fondos públicos en asocio con particulares.
La fiscal Adela Heidi Cedeño, quien estuvo acompañada de la fiscales Digna Castillo y Azucena Aizpurúa, señaló que el delito de mayor incidencia es el peculado, con 705 investigaciones ingresadas solo en el año 2025; seguido por el abuso de autoridad, con 403 casos; obstrucción a la justicia, con 135 casos; y corrupción de servidores públicos (botellas), con 103 procesos.
Cedeño explicó además que por el delito de retención ilegal de cuotas de la CSS se mantienen 1,011 investigaciones, en las que se ha vinculado a diversos patronos por la retención de estos fondos.
En cuanto al dinero aprehendido durante 2025 en el marco de estas operaciones, informó que la cifra alcanza $1.4 millones.
Asimismo, las fiscalías han solicitado a la Contraloría General de la República un total de 360 informes de auditoría, de los cuales se han recibido 156. De estos, 122 detectaron lesiones patrimoniales al Estado, mientras que 34 no presentaron irregularidades.
Las fiscalías han remitido 48 mil oficios a distintas instituciones públicas para requerir información relacionada con las investigaciones en curso.
En tanto, la fiscal Castillo relató que en el 2025 se han practicado un cúmulo de diligencias en diversas instituciones pública para ubicar a personas implicadas en actos de corrupción.
Castillo explicó que uno de los casos más emblemáticos desarrolladas por las Fiscalías Anticorrupción es la realizada por la sustracción de 600 vigas de un patio del MOP ubicado en Farfán, Veracruz valoradas en $3 millones.
En este caso se han imputado a 17 personas por el delito de peculado y la condena de una persona a 60 meses de prisión.
Otro caso de alto perfil en el que se tiene a 45 personas imputadas, de las cuales seis está condenadas, es el denominado caso Sipe. En esta investigación iniciada en 2018 se detectó que el Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (Sipe) fue usado para lograr la afiliación a la CSS de cientos de extranjeros que en realidad no laboraban en empresa alguna y que todo se trataba de un fraude. También se detectaron otras anomalías en el pago de las planillas de las empresas.
También la investigación relacionada con el manejo de fondos del Consejo Nacional para el Desarrollo (Conades) para la instalación de baños sanitarios en áreas pobres ha dejado un total de 12 personas detenidas, entre ellas el exdirector de esa entidad Manuel Soriano.
Así mismo en la investigación relacionada con la entrega de auxilios económicos por parte del Ifarhu se logró la imputación de ocho personas, entre ellas el exdirector Bernardo Meneses, quien permanecer detenido en la cárcel de Tinajitas.
En la operación Listo Wallet que investigó irregularidades en el manejo de la plataforma manejada por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) se logró la imoutación de cuatro, persona entre ellas su exdirector Luis Oliva.
