La nueva documentación que dijo tener en sus manos el Ministerio de Educación (Meduca) contra la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, podría sumarse como en evidencia a la investigación que ya se le sigue a esa casa de estudios o podría abrirse otra causa penal en su contra, explicó este lunes el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez.
“Tendría que ver qué tipo de documentación es la que aportaría la Ministra de Educación. Si está conectada a la investigación que actualmente tenemos, se debe incorporar. Si es un hecho nuevo, entonces se tendría que dar inicio a otra investigación penal”, precisó el jefe del Ministerio Público.
Esta nueva ofensiva legal del Meduca se sumaría al cerco judicial que las autoridades mantienen activo desde hace más de un año, periodo en el que la fiscalía ha seguido de cerca el rastro del patrimonio económico acumulado por la rectora y los miembros de su entorno familiar más cercano.
Evidencia patrimonial bajo la lupa
El pronunciamiento del procurador general se dio al ratificar las inspecciones oculares ejecutadas el pasado viernes por la Fiscalía General en las oficinas del Registro Público.
Dichas diligencias tuvieron como objetivo asegurar de manera formal y definitiva los datos financieros y de propiedad de 12 personas naturales y aproximadamente 13 personas jurídicas (sociedades anónimas) vinculadas a la red bajo sospecha.
Gómez recordó que las pesquisas de la Procuraduría nacieron a raíz de una denuncia anónima remitida preliminarmente ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI). Al detectar posibles conductas punibles que excedían el ámbito administrativo, la ANTAI declinó formalmente su competencia hacia la esfera penal de la Procuraduría para iniciar el rastreo de los bienes.
Con el nuevo expediente que prepara el Meduca —el cual incluye auditorías de dobles salarios, concursos amañados y la carta de renuncia de la rectora, que luego declinó—, la fiscalía determinará si se robustece la causa existente por presunto enriquecimiento o si se abren nuevas líneas de investigación criminal de forma paralela.
