El procurador de la Administración, Rigoberto González, expresó que el proceso de cierre de la mina de cobre en Donoso tiene que ser transparente y con la participación ciudadana.
“Lo que hay que tener presente es que este proceso implica tomar en cuenta a la población”, afirmó el procurador González este lunes, casi dos semanas después que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá para la extracción de cobre en Donoso, provincia de Colón.
“Una vez que se tenga elaborado el programa a seguir, tiene que darse derecho a la participación ciudadana. Que haya la mayor transparencia posible, a objeto que la ciudadanía sepa lo que se está haciendo y que sienta que está siendo tomada en cuenta”, afirmó.
Tras la decisión de la Corte, el Gobierno informó que ya se llevó a cabo la primera reunión interinstitucional a fin de empezar a elaborar los pasos a seguir para el proceso de cierre de la mina.
Además, el pasado 6 de diciembre el Ministerio de Comercio e Industrias le comunicó a Minera Panamá que debía suspender las actividades en el proyecto.
Tras este fallo, la empresa anunció que el pasado 29 de noviembre inició un proceso de arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje.
Sobre este proceso de arbitraje el procurador González dijo que uno de los puntos de ventaja que tiene Panamá es que hay un fallo de la Corte Suprema a su favor.
Además, opinó que cuando a veces se anuncian este tipo de acciones de arbitrajes es porque a veces se quiere entablar una negociación.
“Es decir, tómame en cuenta para el proceso que viene. Y lo dicen los expertos ambientalistas que en este proceso no se puede marginar a la empresa. ¿Por qué? ahí lo mencionan de una manera bien clara: el que contamina paga. Por lo tanto si ahí hay contaminación, todo ese proceso que se va a llevar a cabo tienes que hacerlo con la participación de la mina; no para que siga operando indefinidamente, sino para que en el proceso de cierre se logre el objetivo”, explicó.
Después de conocerse el fallo unánime del pleno de la Corte Suprema, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, expresó que por el impacto del proceso de cierre cada decisión que se tome tiene que ser atendida de manera responsable, inclusiva y participativa.
