La fiscal Superior de Familia del Ministerio Público, Katya Meléndez, informó este miércoles 17 de febrero, que está analizando el informe que recibió esta instancia sobre las denuncias de abusos en unos 14 albergues del país.
“Una vez analizada la situación, nosotros vamos a tomar las medidas de protección correspondiente”, afirmó Meléndez, tras participar en una reunión con el procurador Eduardo Ulloa y la directora de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Senniaf), Mayra Silvera.
Silvera eludió a los periodistas, ya que llegó y se retiró de las oficinas del procurador sin ofrecer siquiera declaraciones.
En la reunión también participó la ministra de Desarrollo Social, Maria Inés Castillo.
El Ministerio Público recibió el pasado lunes 15 de febrero el informe completo de las investigaciones que llevó a cabo la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional, en el que se deja constancia de abusos a menores de edad en albergues de protección, subsidiados por Senniaf.
En su totalidad, son cerca de 700 páginas, confirmó la fiscal Meléndez.
La fiscal Meléndez adelantó que entre las acciones a seguir están las inspecciones a los lugares de los hechos, tomar las medidas de protección y las entrevistas a los menores que correspondan. “Y habrán otras investigaciones, dependiendo de cómo se vayan desarrollando”.
El procurador Ulloa comentó el lunes que a este caso se le dará la celeridad que amerita.
El pasado martes, la junta directiva de la Senniaf pidió el cierre inmediato de los albergues a nivel nacional que, como resultado del proceso de supervisión, hayan incurrido en “faltas muy graves”, de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes.
Tras conocerse sobre las denuncias y el informe revelado por la comisión legislativa, diversos grupos han repudiado lo sucedido e incluso en los últimos tres días se han registrado protestas en las inmediaciones de la Senniaf.
Diversos sectores del país se han manifestado por estas denuncias; el movimiento Jóvenes Unidos por la Educación plantea que este escándalo pone en evidencia la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes en Panamá.
Se manifiesta que la protección de los niños, niñas y adolescentes debe ser abordada de manera integral y que por ende es importante establecer una red de protección de toda la sociedad que, “de manera cohesionada, los cuide y proteja , asegurando el respeto a sus derechos humanos”.
la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas (Arbyd) le piden a las autoridades que se tomen medidas ejemplares contra aquellos que han atentado contra la integridad mental y física de la niñez.
“Este no es el Panamá que deseamos, ni el que merecemos por lo que nos unimos a los llamados realizados por movimientos como Aliados por la Niñez para determinar responsables y que el Estado de una buena y final vez enfrente la responsabilidad de ser el protector y garante del bienestar de los niños, niñas y adolescentes de Panamá”, plantea la Arbyd.
