Un juez de garantías ordenó la detención preventiva de ocho personas, casa por cárcel para otras dos y medidas de reporte periódico para otras diez, a quienes se les imputaron cargos por los delitos de tráfico de migrantes y delincuencia organizada, tras ser aprehendidas en la operación Alborada.
El juez Francisco Carpintero, en una audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, imputó cargos a los 20 procesados, al considerar que el Ministerio Público presentó evidencias de su vinculación con una red criminal dedicada al tráfico de migrantes, quienes eran introducidos al territorio nacional de manera ilegal.
El pasado 25 de marzo, la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, en conjunto con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y la Policía Nacional, realizó 23 diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá, Darién, Coclé y Chiriquí, donde ubicó a un grupo de personas vinculadas con el tráfico de migrantes.
Durante las diligencias, las autoridades decomisaron tres vehículos, droga y otras evidencias relacionadas con la investigación, la cual se desarrolló por varias semanas. .
Según las pesquisas, cada miembro de la red criminal cumplía una función específica: unos estaban encargados del transporte, otros buscaban facilidades de hospedaje y otros se dedicaban a establecer rutas para evadir los retenes policiales.
Las autoridades investigan la posible relación de otras personas que colaboraban con esta organización criminal, por lo que no se descartan nuevas aprehensiones.
