La periodista Sabrina Bacal solicitó dejar sin efecto una “orden de protección” solicitada por los hermanos Roberto y Ramón Carretero Napolitano, que le prohíbe informar o publicar en medios tecnológicos o electrónicos sobre las actividades de ambos, afectando así su labor periodística.
La medida fue dictada el pasado 6 de noviembre por Isela Mela Peralta, fiscal adjunta de la sección de delitos contra la libertad, el honor, la administración de justicia y la personalidad interna del Estado.
El próximo 6 de marzo se celebrará una audiencia de control por afectación de derechos fundamentales ante un juez de garantías para examinar si la citada orden de protección responde a los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión. La audiencia fue solicitada por la firma Guevara Legal Bureau, que defiende a Bacal.
Si la orden de alejamiento se mantiene, representaría un grave precedente que permitiría la interrupción de la cobertura noticiosa sobre los Carretero Napolitano, dos personajes incluidos en diciembre pasado en la lista sancionatoria de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por sus nexos con Nicolás Maduro y el régimen venezolano.
“La medida de protección dispuesta por el Ministerio Público contra Sabrina Bacal representa una grave e injustificada limitación al derecho a informar y ser informado, fundamentos de la moderna sociedad democrática”, remarcó Eduardo Guevara, abogado de Bacal.
Agregó que, de validarse, la decisión de la fiscal Mela representaría un grave precedente que permitiría cesar investigaciones periodísticas sobre un asunto de orden público mediante el uso del sistema judicial, en sede penal.
La prohibición también fue ordenada a Roberto Deniz, del portal de noticias Armando Info, y a los sitios Praxis y Foco. Todos han sido querellados penalmente por Marcela Arauz, abogada de los Carretero Napolitano, quien los acusa de calumnia e injuria. La abogada reclama $1 millón.
En esa querella se menciona una publicación del 1 de octubre de 2025, del vlog Sabrina sin censura, titulada Carretero, bicicletas, aviones y negocios con Nicolás Maduro, en el que Bacal se refiere a los nexos de los Carretero con los gobiernos de Ricardo Martinelli (2009-2014), Juan Carlos Varela (2014-2019), Laurentino Cortizo (2019-2024) y el actual José Raúl Mulino.
Además de sus negocios en Venezuela, son contratistas del Estado panameño y sus nombres han estado vinculados a escándalos de corrupción. Por ejemplo, los dos fueron imputados durante la investigación de los sobornos de Odebrecht, aunque eventualmente Roberto fue favorecido con un sobreseimiento provisional y Ramón devolvió $1 millón y pactó un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía anticorrupción.
“Todo indica que la cercanía al poder es el mejor escudo de Carretero. Ni el Ministerio Público ni la Cancillería se han pronunciado sobre un empresario panameño que presuntamente utilizó nuestro sistema para lavar dinero de uno de los regímenes más corruptos y represivos de la región. Aunque sea por coherencia con la postura frente a Nicolás Maduro y la reciente salida de las listas grises, este caso amerita alguna reacción oficial”, señaló Bacal en su vlog.
Una semana antes, Ramón Carretero resultó herido en un grave accidente de avioneta en el aeropuerto de Maiquetía, Venezuela. El regimen nunca ha dado detalles de ese siniestro.
Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional), advirtió que la orden de alejamiento contra los periodistas representa una censura previa, incompatible con la Constitución y con los estándares interamericanos de libertad de expresión.
“El propio Ministerio Público ha sostenido en otros casos de hostigamiento judicial, donde se han archivado casos contra periodistas querellados por delitos contra el honor, que el escrutinio crítico y la investigación sobre asuntos de interés público, conflictos de intereses, patrimonio público, entre otros, es un ejercicio legítimo del periodismo. No puede al mismo tiempo perseguirse ni amordazarse a quienes realizan precisamente ese tipo de periodismo", advirtió De Obaldía.
“Extender una medida pensada para proteger la integridad de las personas, para prohibir contenidos en redes e intimidar redacciones, es un uso desviado del derecho que genera autocensura y enfría el debate público”, añadió.
De Obaldía recalcó que, en una democracia, los servidores públicos, los grandes contratistas del Estado y las figuras allegadas al poder público, deben ser objeto de un mayor nivel de escrutinio, no menos.
“Por eso, es necesaria la revocatoria de esta medida”, enfatizó.
