Un fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó por improcedente y confirmó la pena de 96 meses de prisión al exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburelli y al excandidato a diputado Heriberto ‘Yunito’ Vega y otras tres personas por el delito de peculado en perjuicio de esa entidad.
El fallo, bajo la ponencia del magistrado Juan Francisco Castillo (suplente de María Eugenia López) y el aval de sus colegas Maribel Cornejo y Ariadne García la Sala Penal, ratificó la condena aplicada por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales el 4 de octubre de 2022, en la que sancionó a los imputados por el delito de peculado doloso en perjuicio del PAN.
Los magistrados de la Sala Penal también le mantuvieron a los procesados la pena accesoria de inhabilitarlos para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de sanción de prisión, una vez esta sea cumplida.
Inicialmente el 8 de agosto de 2018, el liquidado Juzgado Decimoquinto en ese entonces a cargo de Leslie Loaiza dictó un sobreseimiento a favor de todos los imputados, pero el Ministerio Público (MP) presentó una apelación ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales que revocó esa decisión y los condenó a la pena de prisión.
El MP inició la investigación de este caso tras una denuncia presentada por Erasmo Elías Muñoz, el 2 de abril de 2014, en contra de varios funcionarios del PAN por peculado y tráfico de influencias para favorecer a candidatos de un partido político en la realización de obras en la provincia de Herrera.
Tras un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República solicitada por la Fiscalía Anticorrupción se logró establecer una lesión patrimonial por la suma de $100 mil en obras de infraestructura en obras realizadas en Chitré, provincia de Herrera.
En diligencias realizadas por la fiscalía se comprobó que algunas de las obras nunca se concluyeron.
Una vez el fallo de la Sala Penal llegue al Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, ese despacho deberá emitir los oficios a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) a fin de ubicar a los sancionados para que cumplan sus penas de prisión.
