La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia redujo de 12 a 5 años de prisión la pena impuesta al exalcalde del distrito de Panamá, Bosco Ricardo Vallarino, por considerar que el juzgado de primera instancia valoró de forma incorrecta el tipo penal.
El fallo que lleva las firmas de las magistradas María Eugenia López, Maribel Cornejo y Ariadne García sostiene que en este caso la sentencia de primera instancia valoró de manera incorrecta la conducta desplegada por Vallarino, al considerar que se trató de un peculado doloso, cuando en realidad debió calificarse como una conducta culposa.
En este caso, las magistradas sostienen que la conducta desplegada por Vallarino, al momento de suscribir un contrato para el manejo seguro de desechos sanitarios en el distrito de Panamá con las empresas Consultoría y Asesoría de Panamá S.A. y Juelpa S.A., por el que se pagaron $95 mil, revelan la ausencia de supervisión por parte de Vallarino.
El fallo recalca que sin bien Vallarino y los departamentos administrativos del Municipio de Panamá tenían la obligación de que se cumplieran las cláusulas pactadas en el contrato y evitar posibles afectaciones al Tesoro Nacional, su incumplimiento denota una acción culposa, ya que se dejó de fiscalizar en debida forma los bienes públicos y no hubo una intención de apropiarse de ellos.
En este sentido, el fallo reconoce que la conducta desplegada por Vallarino no encaja en el delito de peculado doloso, ya que dicho delito implica una acción consciente y voluntaria a fin de apropiarse de los bienes públicos, cosa que no ocurre en este caso.
El fallo de la Sala Penal coincidió con la opinión de la Procuraduría General de la Nacional, en la que se detalla que la conducta desplegada por Vallarino describe un incumplimiento de sus deberes.
Según el Ministerio Público, la falta de seguimiento, productos defectuosos y ausencia de estudios técnicos previos pueden considerarse como irregularidades administrativas, pero no una actuación dolosa.
A Vallarino le fue reemplazada una pena de 48 meses de prisión por el pago de una multa de $6 mil 250, por el delito de corrupción.
El exalcalde había sido capturado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial en octubre del 2024, luego que el Juzgado Primero Liquidador ordenó su detención para el cumplimiento de dicha pena.
