La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió un recurso de casación interpuesto por la exministra de trabajo y Desarrollo Laboral Alma Cortés contra la condena impuesta por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de cuatro años de prisión por el delito peculado.
A través del edicto No.145, colgado en la sede de la Sala Penal este martes 27 de agosto, se informa que bajo la ponencia de la magistrada María Eugenia López y el aval de las también magistradas Ariadne García y Maribel Cornejo se decidió no admitir el recurso de casación presentado por el abogado Carlos Carrillo, en representación de Cortés.
También se negaron los recursos de casación interpuestos por Hernán García Aparicio, Ada Margarita Romero e Iván A. Gantés.
La decisión de la Sala Penal se fundamentó en los artículos 2430 y 2439 del Código Penal, en los que se establecen una serie de requisiticos por las cuales los magistrados pueden no admitir un recurso de casación si no se cumple alguno de ellos.
Entre ellos figuran que el recurso debe mantener un historia concisa del caso, se determine la causal o causales para revocar la condena, se especifique los motivos, disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido.
El 13 de diciembre del 2022, tras revisar una apelación de la fiscalía, los magistrados del Tribunal Superior de Liquidación, Manuel Mata Avendaño, Secundino Mendieta y José Hoo Justiniani, concluyeron revocar un fallo del Juzgado Tercero Liquidador de Causa Penales, tras concluir que los elementos de convicción recabados durante la investigación dan el grado de certeza para emitir un fallo de carácter condenatorio, remarcando que existen suficientes pruebas incriminantes sobre la participación de los investigados en el hecho delictivo.
En el caso de la exministra Cortés, se le impuso una pena de 32 meses de prisión, ya que se le rebajó una tercera parte de la pena por haber devuelto al Tribunal de Cuentas la suma entregada en concepto de viáticos.
El proceso se relaciona con tres reuniones de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, en la que supuestamente asistieron los exfuncionarios del Mitradel.
La investigación en este caso se inició a raíz de una denuncia presentada ante el Ministerio Público el 28 de julio del 2014.
