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Sala Penal rechaza aclaración de sentencia y mantiene segunda condena a exjuez

Sala Penal rechaza aclaración de sentencia  y mantiene segunda condena a exjuez
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mantuvo la condena a un juez por el delilto de corrupción de funcionario . LP Richard Bonilla

Un fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de aclaración de sentencia presentado por el exjuez municipal Julio Isacio Arcia Guerra, condenado a 80 meses de prisión por el delito de corrupción de servidores públicos por cobrar los servicios que prestaba como juez municipal de Chepo.

Con esta decisión de la Sala Penal, que lleva la firma de las magistradas María Eugenia López, Ariadne García y Otilda de Valderrama (suplente de Maribel Cornejo), se obliga al procesado a cumplir la pena de prisión impuesta.

Se trata de una denuncia presentada por Alfredo Carlos Ayala y Juana Sánchez de Ayala por el delito de corrupción de funcionarios públicos.

El exjuez también mantiene una condena de 72 meses de prisión por el delito de concusión. Esta condena también fue recurrida ante la Sala Penal por sus abogados, pero esa corporación de justicia rechazó el recurso de casación.

Durante una operación encubierta realizada en el año 2016, la entonces Fiscalía Tercera Anticorrupción aprehendió a Isacio Arcia, en ese momento juez municipal de Chepo, por cobrar dinero por realizar matrimonios civiles.

El Ministerio Público inició la investigación tras una denuncia interpuesta por el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado.

Según la denuncia de Ayú Prado, en el Juzgado Municipal de Chepo no facilitaban a los usuarios el trámite para la realización de los matrimonios y luego cobraban por agilizarlos.

A raíz de esto, la fiscalía montó una operación encubierta con funcionarios de la Policía Nacional y dinero marcado, lo que llevó a la aprehensión del juez y otros funcionarios de ese despacho judicial.

En julio de 2016, el Ministerio Público desmanteló una red de funcionarios del Segundo Tribunal de Justicia que cobraban por la agilización de trámites, la fijación de fechas de audiencia y el pago a jurados de conciencia para obtener veredictos favorables a personas procesadas por delitos de homicidio.

Asimismo, en 2015 se investigó a un juez penal por la liberación de 25 personas investigadas por narcotráfico.


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