El Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial (Chiriquí y Bocas del Toro) rechazó un recurso de habeas corpus preventivo presentado por el dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) en Bocas del Toro, Diógenes Espinoza, quien enfrenta un proceso por la presunta comisión del delito de apología del delito, luego de que el pasado 2 de junio amenazara públicamente con tomar las oficinas públicas en esa provincia.
Espinoza, quien se entregó esta mañana al Ministerio Público, presentó el recurso tras conocer que se había iniciado una investigación en su contra por los mismos hechos.
Los magistrados Bernalis Batista, Admiralda Miller y Ezequiel Calvo declararon ilegal el recurso de habeas corpus presentado por Espinoza y consideraron que no era viable.
Por su parte, Antonio Vargas, del equipo de abogados del Suntracs, precisó que se encuentran a la espera de que el Ministerio Público solicite la audiencia ante la Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio de Bocas del Toro.
“Con respecto a las declaraciones o amenazas de Diógenes Espinoza, el Gobierno Nacional rechaza de manera categórica este tipo de manifestaciones”, afirmó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillachttps://t.co/Pti8pGuiRc
— La Prensa Panamá (@prensacom) June 3, 2025
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Vargas dijo desconocer con exactitud los cargos que se le imputan a Espinoza, pero aseguró que el equipo legal del sindicato enfrentará el proceso, como lo ha hecho con otros dirigentes de la organización.
Actualmente, los dirigentes del Suntracs Genaro López, Saúl Méndez, Jaime Caballero y Erasmo Cerrud (prófugo) enfrentan procesos penales por la presunta comisión de diversos delitos.
En el caso de López, Méndez y Cerrud, se encuentran bajo investigación por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad y asociación para delinquir.
El proceso se remonta al año 2006, cuando surgió un conflicto laboral entre trabajadores afiliados al Suntracs —que desarrollaban el proyecto Red Frog Beach Club en la isla Bastimentos, Bocas del Toro— y la empresa Pillar Construction S.A., responsable de la obra.
Según la versión del Ministerio Público, en 2012 los dirigentes Genaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud firmaron un acuerdo extrajudicial con Pillar Construction para recibir únicamente $3 millones, sin notificar de esa decisión a un grupo de 412 trabajadores beneficiarios de los fondos.
Por este caso, a López se le impuso retención domiciliaria, impedimento de salida del país y uso de brazalete electrónico. Mientras que Méndez se encuentra en la Embajada de Bolivia en Panamá desde el pasado 21 de mayo, tras saltar la cerca de esa delegación diplomática por ser objeto de seguimiento.
En el caso de Cerrud, quien se encuentra en la lista de los más buscados, las autoridades ofrecen una recompensa de $10 mil por su captura.
En tanto, Jaime Caballero enfrenta un proceso judicial por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales.
A Caballero, aprehendido el pasado 14 de mayo, se le acusa de haberse apropiado de fondos de la cuota sindical de los obreros del Suntracs para beneficio propio y pagar un préstamo para la adquisición de varias fincas en la provincia de Chiriquí.
