Minuto a minuto: defensas objetan pruebas extraordinarias en juicio del caso Odebrecht; decretan receso

La jueza Marquínez declara receso de mediodía. Anunció que se reanudará a las 2:00 p.m. Informó, además, que para este jueves y viernes sesionarán solo durante la mañana, de 8:30 a.m. a 12:00 m.d.

El abogado Juan Antonio Kuan, en representación de Frank De Lima, indicó que la prueba número 9 fue desestimada en Brasil y ese efecto sería extensivo a Panamá. “Se debe aplicar la teoría del árbol envenenado”, precisó.

Uno tras otro, los abogados alegaron que las pruebas presentadas por la Fiscalía no cumplían con las formalidades procesales, al cuestionar su autenticidad, la idoneidad de los traductores, la ausencia de soporte digital y su relación directa con los hechos investigados.

Alfredo Vallarino, en representación de Aurora Mudarás, objetó varias pruebas. Señaló que la prueba número 1 consiste en una copia simple que no cumple con las formalidades del proceso. En cuanto a la prueba número 2, indicó que no consta la validación ni la certificación de los peritos traductores.

Respecto a la prueba número 9, afirmó que no se demuestra su conducencia y que tampoco existe constancia sobre la identidad y certificación de los traductores. Advirtió, además, que resulta imposible para esta Sala revisar cuatro mil páginas por día. “La Fiscalía tuvo meses para analizar las pruebas y nosotros apenas un par de días”. La jueza lo reprendió. Indicó que sus alegaciones formaban parte de la fase de alegatos. Vallarino insistía. la Jueza le dijo “déjeme hablar”.

La jueza reprendió al abogado Álvarez, defensa del expresidente Martinelli, exigiéndole que se refiriera directamente a cada prueba presentada. El jurista indicó que lo haría, pero aclaró que su intervención inicial y su objeción se aplicaban a las nueve pruebas presentadas. Solicitó al tribunal, al final de su intervención, que niegue la totalidad de las pruebas extraordinarias presentadas por la fiscalía.

Álvarez cuestionó la autenticidad de las pruebas: señaló que no existe certeza sobre quién expide los documentos procedentes del extranjero y que algunos de ellos, a su juicio, ni siquiera cuentan con apostillamiento.

Ángel Álvarez, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, señaló que no se trata únicamente del material probatorio que se pretende introducir en esta etapa, sino que también debe evaluarse su vinculación directa con el proceso. Según Álvarez, los elementos que se admitan deben guardar relación directa con el auto de apertura a juicio.

Agregó que, como defensor, no puede ejercer plenamente su derecho a la defensa sin conocer con claridad cuáles de las nueve pruebas presentadas resultan pertinentes para los hechos que se le atribuyen a su representado. Advirtió que no existen garantías de que no se estén incorporando nuevos hechos, nuevas acusaciones o circunstancias que vulneren el principio de imputación.

Por su parte, Aníbal Salas, abogado del banquero Juan Antonio Niño, indicó que comparte los criterios de objeción de sus colegas que lo antecedieron. Sin embargo, agregó que el artículo 877 del Código Judicial establece que todo documento escrito en un idioma distinto al español debe presentarse debidamente traducido. Para regular este procedimiento, el Decreto Ejecutivo 975 de 2017, en su artículo 23, dispone que los traductores públicos deben certificar con su firma y sello la fidelidad de sus actuaciones. Salas señaló que esto no se ha cumplido, por lo que, a su juicio, existe un fundamento suficiente para la no admisión de todos los documentos presentados en otro idioma.

Miranda explicó que en el caso Odebrecht la investigación se centra en transferencias realizadas, mientras que en el otro proceso se trata de sobreprecios, por lo que, según Miranda, la prueba no guarda relación con los hechos del caso Odebrecht.

Rosendo Miranda, representante legal del exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, se refirió a la prueba número 7, la cual objetó por inconducente. Señaló que la prueba hace referencia a un auto mixto de llamamiento a juicio dentro de un proceso acumulado relacionado con presuntos sobreprecios en obras públicas, pendiente de enjuiciamiento.

Gilberto Pérez, defensor del exdiputado Jorge Alberto Rosas, formuló las mismas objeciones al señalar la falta de certeza sobre la idoneidad de los traductores, la presentación de copias simples que no brindan garantía de autenticidad y la ausencia de información sobre el material original de los audios que posteriormente fueron traducidos.

Basilio González, defensor de Aaron “Ronny” Mizrachi Malca, indicó que no convalida ninguno de los actos realizados desde el inicio de la audiencia. En consecuencia, señaló que no convalida los actos procesales. Luego recalcó que iría más allá para objetar las pruebas presentadas. Indicó que la proveniente de Perú contiene copias simples, lo que, a su juicio, la invalida. En cuanto a la prueba relacionada con Olivio Rodríguez, de Brasil, reiteró que la traducción está basada en un CD del cual no se sabe quién lo abrió ni cuál era la información que contenía, porque no fue aportado.

Pedro Melián, defensor del banquero Rodrigo Díaz, también objetó la prueba número 2, al cuestionar la idoneidad de los intérpretes y la ausencia de información sobre los dispositivos de los cuales se extrajo el audio que posteriormente fue traducido.

El abogado Gustavo Pereira, defensor de Juan Carlos Rosas, se refirió a dos elementos de prueba consistentes en transcripciones provenientes de Brasil, las cuales —según indicó— no cumplen con el requisito de contar con el material audiovisual original que permita contrastar la información fuente con su traducción.

Al menos tres abogados defensores descalificaron las pruebas al cuestionar las traducciones, debido a la ausencia de soporte digital y de certificaciones de los traductores, lo que —según señalaron— afecta la autenticidad de las pruebas.

El abogado Rolando Rodríguez, defensa de Papadimitriu, se opuso a la prueba número 9, al señalar la falta de idoneidad de los peritos traductores. Precisó que no se trata de copias auténticas y sostuvo que la información presentada ya ha sido evaluada en otras jurisdicciones, donde fue considerada no viable. Por ello, a su juicio, dicha prueba no cumple con el principio de lealtad procesal.

La abogada indicó que objetó la prueba número 9, correspondiente a una asistencia judicial proveniente de Estados Unidos, remitida en inglés y portugués, cuyos contenidos fueron traducidos en 22 tomos por cada idioma. Según explicó, el problema radica en que el Ministerio Público no ha aclarado quiénes realizaron las traducciones, ya que los traductores no están debidamente identificados ni consta su certificación.

Mc Donald, defensa de Navin Mohan Bhakta, señaló que se trata de la transcripción de un audio, sin que se haya aportado el dispositivo original del cual se extrajo dicho contenido. Además, advirtió que no se precisa la idoneidad ni la certificación del traductor que realizó la transcripción. Se opuso a la prueba. No objetó las pruebas aportadas de Andorra y Singapur. No objetó las pruebas aportadas de Andorra y Singapur.

Se reanuda la transmisión del juicio. La abogada Guillermina Mc Donald presentó objeciones a las pruebas extraordinarias aportadas por el Ministerio Público. En particular, cuestionó una prueba proveniente de Brasil relacionada con el testimonio de Olivio Rodríguez.

La jueza Baloisa Marquínez acogió la solicitud de que se discuta un acuerdo de pena de forma reservada, por lo que solicitó al resto de los presentes abandonar temporalmente la sala.

La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo indicó que, en este momento, existe una salida alterna a la resolución del conflicto, la cual fue presentada ayer martes por una de las partes ante el Ministerio Público, solicitando que la discusión y sustentación se realicen en audiencia de forma reservada. Esto implica una solicitud de validación del acuerdo de pena bajo carácter reservado.

Se reanuda la sesión. De forma remota participan 14 imputados, entre ellos el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez; el expresidente Ricardo Martinelli; el banquero Juan Antonio Niño; el exministro de Economía, Frank De Lima; y el exministro de Vivienda, Carlos Duboy Sierra. También se presentaron Rodrigo Díaz, Juan Mutio, José Javier Pérez, Jaime Lasso, Aurora Mudaras, Michelle Lasso, Juan Carlos Rosa, Jorge Alberto Rosas.

La audiencia empezó con la presencia en sala de dos imputados: Demetrio Papadimitriu y José Domingo Arias. El resto de los imputados está de forma virtual. Se decretó un receso para resolver problemas técnicos.

En esa ocasión, Morcillo presentó una serie de asistencias judiciales procedentes de Perú, Singapur, Andorra, Antigua y Barbuda y Estados Unidos, que a su juicio demuestran la vinculación de los imputados con la recepción de coimas por parte de la empresa brasileña.

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