La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destacó el fallo unánime de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia que favoreció a la Corporación La Prensa, como un respaldo al ejercicio del periodismo en Panamá y a la libertad de expresión.
“El fallo representa una victoria para la libertad de prensa en Panamá y sienta un precedente que refuerza el rol esencial del periodismo en la fiscalización del poder”, afirmó el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, director general y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador.
“Celebramos que la Corte Suprema haya reivindicado el principio de que el interés público debe prevalecer sobre intentos de silenciar a los medios mediante demandas civiles”, añadió Dutriz.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), indicó: “Este fallo representa un precedente importante para la libertad de expresión en Panamá. Reafirma que los periodistas no pueden ser castigados por investigar y divulgar asuntos que involucran a figuras públicas. Es también un mensaje claro contra la judicialización abusiva del periodismo”.
La SIP ha advertido en distintos pronunciamientos sobre la situación judicial en Panamá, en particular sobre la posibilidad de que se congelen activos de medios de comunicación durante procesos judiciales, aun sin que exista sentencia, lo que representa un obstáculo económico y legal para el ejercicio del periodismo. También ha abogado porque estos casos se tramiten únicamente en el ámbito civil y con criterios de proporcionalidad en las indemnizaciones.
La SIP recordó que actualmente Corporación La Prensa enfrenta 14 procesos civiles y 5 demandas penales por parte de exfuncionarios, excontratistas del Estado, diputados y otras figuras públicas, incluyendo al expresidente Ernesto Pérez Balladares y la exjueza Argentina Barrera, por una suma cercana a 40 millones de dólares.
El fallo
El fallo de la Corte Suprema fue emitido en el marco de una demanda presentada por la sucesión del exmagistrado César Pereira Burgos, ya fallecido, en la que se reclamaban 25 millones de dólares en concepto de indemnización por daños y perjuicios relacionados con tres publicaciones del diario La Prensa realizadas en 2006.
El magistrado ponente fue Olmedo Arrocha. La Corte concluyó que la actuación del medio se enmarcó dentro del interés público y el derecho ciudadano a estar informado.
