La Unidad de Análisis Financiero alertó al Ministerio Público (MP) sobre funcionarios implicados en una red de blanqueo de capitales, quienes recibieron pagos de $5,000, $4,000 y $2,000 para otorgar un contrato a una empresa para el suministro y transporte de sustancias químicas controladas.
Según la investigación de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, los funcionarios recibieron transferencias a sus cuentas provenientes de tres bancos locales.
La alerta generada por la UAF reveló que la cuenta de uno de los implicados recibió un depósito de $27,000, de los cuales se transfirieron montos menores a varias personas que laboraban en la Unidad de Control de Químicos del MP y a dos abogados que prestaron servicios de asesoría.
Según la fiscalía, entre los beneficiados con los desembolsos se encuentra Gerardo Peña, quien labora en el MP y quien recibió un supuesto pago de $4,500, depositados en su cuenta por Luz González, excoordinadora de la Unidad de Control de Químicos del MP.
También figura la abogada Chitani Brown, quien según la fiscalía recibió una transferencia por la suma de $4,250 como parte de un trabajo de asesoría.
De acuerdo con la investigación, otra de las beneficiadas con los fondos fue la funcionaria del MP, Raisa Alvarado, quien recibió una transferencia por la suma de $5,000.
La fiscalía también hizo señalamientos contra el biólogo Alvis Alzamora, quien presuntamente recibió una transferencia de $5,000 por haber prestado sus servicios para la certificación de una consultoría ambiental que nunca se realizó.
Otro de los beneficiarios de los fondos es José Rodríguez, quien se desempeñaba como conductor de la Unidad de Control de Sustancias del MP. Rodríguez recibió un depósito de $750 como parte del grupo que gestionó el contrato asignado a la empresa Transporte y Logística S.A.
Asimismo, la fiscalía imputó cargos a la funcionaria del MP Kenia Quirós, quien presuntamente recibió la suma de $800. Quirós se desempeñaba como administrativa en la Unidad de Control de Sustancias.
La fiscalía también atribuye a Luis Alfredo López, quien labora en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, haber recibido la suma de $5,000 como parte del grupo.
Otras de las evidencias aportadas por la fiscalía en su investigación incluye un informe de actuación financiera elaborado por la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial, que determinó la trazabilidad de los fondos entregados por la coordinadora de la Unidad de Control de Sustancias del MP, Luz González, quien se encuentra imputada por esta causa desde febrero de este año.
El pasado miércoles, un juez de garantías imputó cargos por el delito de blanqueo de capitales a este grupo de personas. La totalidad de los imputados expresó su decisión de alcanzar acuerdos de pena de entre 4 y 8 meses de prisión con la fiscalía, pero el juez dispuso que dicho acuerdo solo se haría efectivo si devuelven la totalidad del dinero.
