Luis Alberto Gaitán Mendoza, el hombre imputado por sus nexos con la operación Pandora y otras anomalías en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI), deberá consignar una fianza de $800 mil para no ir a prisión.
Así lo dictaminó la juez de garantías Clara González, en una audiencia celebrada el domingo 13 de septiembre, en la que previamente legalizó la aprehensión y acogió la imputación de cargos presentada por el fiscal Marcos Mosquera por delitos de blanqueo de capitales y falsedad de documentos.
Gaitán fue aprehendido en una operación denominada Espejismo, la cual está conectada con la operación Pandora, que se llevó a cabo en julio pasado. Ambas siguen una línea de investigación paralela.
Una fuente confirmó a La Prensa que el fiscal Mosquera apeló la decisión de la juez Montenegro de conceder la fianza, por lo que el conflicto será resuelto por el Tribunal Superior de Apelaciones. Por tanto, de momento, Gaitán permanecerá detenido provisionalmente.
La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realiza una serie de diligencias para ubicar a otro grupo de personas que estarían relacionadas con el investigación.
El rostro de Gaitán fue difundido la semana pasada por la Policía Nacional en la lista de los más buscados, junto a otras tres personas también señaladas por presunto blanqueo de capitales, corrupción y falsificación.
Gaitán es presiente y representante legal del Consorcio HCG, que construye el Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito; su socio es el costarricense Juan José Zonta Sing.
El año pasado el Consorcio HCG estuvo en la mira del Ministerio Público por informes de presuntas transacciones bancarias sospechosas que indican que el diputado Raúl Pineda, su hijo Abraham Rico Pineda y otras dos personas detenidas como parte del operativo antinarcóticos Jericó habrían recibido fondos del contratista del CRU.
El Ministerio Público no ha dado mayores detalles de la operación Espejismo, que está a cargo de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada.
¿Qué ha pasado en Pandora?
En la operación Pandora un grupo de funcionarios de la DGI y particulares dueños de sociedades y empresas se han visto inmersos en una investigación por blanqueo de capitales relacionados con la apropiación de créditos fiscales a través de manipulaciones al sistema e-Tax 2.0.
Se calcula una lesión patrimonial al Estado de por lo menos $40 millones.
La semana pasada, la fiscalía logró la imputación cargos a Gabriel Martínez.
Con Martínez ya son 22 los imputados en este caso y todavía hay personas prófugas.
En esta investigación la fiscalía ha solicitado información a varios bancos de la localidad que compraron créditos fiscales y a empresas que se vieron afectadas por el fraude.
También se han cautelado cuentas bancarias, vehículos y bienes inmuebles que se presume fueron adquiridos con dinero proveniente del fraude con los créditos fiscales.
