LONDRES, Inglaterra. (EFE).- Amnistía Internacional (AI) expresa de nuevo su preocupación por "el posible uso excesivo de la fuerza" por parte de los efectivos de seguridad panameños en las manifestaciones registradas en 2012, en las que varias personas murieron o resultaron heridas.
En su informe anual sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo del año pasado, presentado hoy en Londres, AI denuncia la muerte de dos indígenas y las heridas sufridas por unas 40 personas, entre ellas dos policías, en las protestas de enero y febrero de los aborígenes de la etnia ngobe-bugle, en Panamá.
Según la ONG las protestas se desencadenaron a raíz de unas propuestas de ley que facilitaban a las empresas construir proyectos hidroeléctricos en sus tierras.
Según el informe de AI, la policía utilizó gases lacrimógenos cerca de centros médicos y se negó a las personas detenidas el acceso a la asistencia letrada.
En febrero, el relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas insto al Gobierno panameño a entablar un diálogo con los ngobe-bugle afectados, investigar las circunstancias de las muertes y garantizar que los responsables rindieran cuentas.
Amnistía Internacional también destaca la muerte de tres personas, entre ellas un niño de nueve años, durante las protestas registradas en octubre en la ciudad de Colón, contra la propuesta de vender terrenos públicos de su zona franca.
Según informes llegados a la ONG pro derechos humanos, la policía informó de que varios agentes habían resultado heridos por los disparos y proyectiles que lanzaron algunos manifestantes.
AI denuncia que las autoridades no garantizaron investigaciones efectivas, ni la rendición de cuentas de los responsables de las muertes de los manifestantes.
También recoge el informe de Amnistía Internacional el avance lento de iniciativas destinadas a garantizar la justicia para las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares (1968-1989).
En enero se estableció la Comisión Nacional Especial, encargada de ayudar a localizar e identificar los restos de vÍctimas de desaparición forzada.
La Comisión de la Verdad, que había presentado su informe en 2002, había calculado que 207 personas habían sido víctimas de desaparición forzada y homicidio durante los gobiernos militares.
Manuel Noriega, jefe de Estado de 1983 a 1989, extraditado desde Francia en 2011, continuó bajo custodia todo el año pasado pendiente de juicio, acusado de violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales.