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INSTITUCIONALIDAD, EN PELIGRO

Gremios deploran crisis en la justicia

El Colegio Nacional de Abogados manifiesta que ‘nuestro sistema de justicia está a punto de colapsar’, mientras que ayer se presentaron nuevas denuncias contra Ayú Prado y Díaz en el Legislativo.

Traducen al inglés orden de arresto contra Martinelli

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La exviceministra de la la Presidencia María Fábrega y el abogado Oswaldo Fernández, ayer en el palacio Justo Arosemena. La exviceministra de la la Presidencia María Fábrega y el abogado Oswaldo Fernández, ayer en el palacio Justo Arosemena.
La exviceministra de la la Presidencia María Fábrega y el abogado Oswaldo Fernández, ayer en el palacio Justo Arosemena. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga

Gremios del país repudiaron la crisis que se vive en los órganos del Estado, principalmente en el Judicial, y solicitaron “cambios reales y una autorregulación”.

Carlos Fernández, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en un comunicado, dijo que no se pueden pasar por alto “las nuevas pugnas que surgieron en la Corte Suprema de Justicia”, y manifestó que el actuar de algunos representantes de los órganos “no parece estar encaminado a recuperar la confianza de la ciudadanía en la clase política”.

Ricardo Sotelo, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, afirmó que “resulta deplorable” que la atención ciudadana se centre en “sucesos que nunca debieron ocurrir”, y considera “más deplorable aún” la recurrencia de los mismos en los órganos del Estado”.

“Mantenernos vigilantes del desempeño gubernamental es una obligación cívica”, dijo. Elisa Suárez, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, por su lado, manifestó que “es evidente el resquebrajamiento de la institucionalidad”, e instó a la ciudadanía a ser más beligerante y pedir explicación sobre lo que ocurre.

José A. Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, le solicitó al presidente Juan Carlos Varela que “dé un paso adelante en la solución a la crisis de la justicia”.

DENUNCIAS

Otras dos denuncias penales en contra del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, fueron presentadas ayer ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional.

Las dos acciones llegaron al Legislativo de la mano del juez penal de Adolescentes de Colón y Guna Yala, Juan Domingo Ibarra, quien se considera víctima de supuesto acoso laboral por parte de Ayú Prado.

En la denuncia por la presunta comisión de delito de abuso de autoridad, Ibarra asegura que el presidente de la CSJ se ha rehusado a cumplir una orden de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte que ordenó su reintegro y el correspondiente pago de los salarios y demás derechos dejados de percibir desde que fue destituido hace dos años.

Mientras que en el requerimiento por la presunta comisión de delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, Ibarra plantea que se le inició un proceso de investigación en su contra pero que otros procesos que están bajo investigación por este mismo delito, no han prosperado.

Ibarra presentó, además, un impulso procesal para que se tramiten otras denuncias que ha presentado previamente contra el magistrado presidente de la Corte.

Este medio solicitó una reacción de parte de Ayú Prado por el particular, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

CONTRA HARRY DÍAZ

En tanto, la exviceministra de la Presidencia María Fábrega presentó una querella contra el magistrado de la Corte, Harry Díaz, por la presunta comisión de delito contra el honor y violación a las normas de carrera judicial.

Fábrega interpuso el recurso en representación de su hermano, el magistrado Luis Ramón Fábrega, basándose en las declaraciones que Díaz dio el pasado 4 de enero en Telemetro.

En el documento señala que Díaz afirmó que el exmagistrado Alejandro Moncada Luna [preso en la cárcel El Renacer por enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica de documentos públicos] le había comentado que sobre el magistrado Fábrega se hablaba “de pedofilia y que existían pruebas”.

Argumentan que las declaraciones de Díaz fueron dadas “con evidente dolo, premeditación y alevosía por asuntos de frustración personal, y no de carácter institucional”. Dice, además, que “sobre todo implican la supuesta comisión del delito doloso de calumnia e injuria, porque lesionan de forma irreparable la dignidad, reputación, honor, decoro y el buen nombre del magistrado Luis Ramón Fábrega”.

De igual manera la querella plantea una violación a la Ley 53 de 2015 que estableció la Carrera Judicial, ante la supuesta falta a las normas de integridad y transparencia de la función judicial contenida en esta ley.

En tanto, el abogado Oswaldo Fernández, quien acompañó a la exfuncionaria, señaló que la querella no tiene que ver con los cuestionamientos que se hicieran sobre el funcionamiento de la Corte, sino por las afirmaciones de Díaz sobre la vida personal del magistrado Fábrega.

El 18 de enero pasado, el abogado Rolando Sánchez también denunció a Ayú Prado por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, por presuntamente ejecutar un plan para judicializar los pinchazos. Dos días después, Ayú Prado y sus colegas Hernán De León y Luis Ramón Fábrega denunciaron a Díaz por supuestas “faltas a las normas de transparencia e integridad en la gestión judicial”. 

Ayú Prado acumula, al menos, 12 denuncias en la Asamblea mientras Díaz tiene unas 4 denuncias.

LA CRISIS

Las acusaciones llegan al Legislativo, órgano que juzga a los magistrados de la Corte, dos semanas después de que en televisión, Díaz hablara del control que tenía el expresidente Ricardo Martinelli en el Órgano Judicial, dejara en evidencia la existencia de bandos políticos en el palacio Gil Ponce, catalogara los viajes que realizan sus colegas al exterior como “turismo judicial” y cuestionara la reelección de Ayú Prado en la Presidencia del máximo tribunal de justicia.

Sociedad civil, y gremios como el Colegio Nacional de Abogados y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá han solicitado cambios profundos en el palacio Gil Ponce.

La Cámara de Comercio, que preside Carlos Fernández, por ejemplo, a través de un comunicado hecho público el fin de semana, instó a la sociedad civil a que abogue por reformas a la Constitución Política y por cambios en la Corte. “La ciudadanía percibe que cada día quedan menos instituciones y personas en las que se puede confiar, mientras los funcionarios no se despojan de sus doctrinas partidistas y personales para servir al pueblo, respetando la Constitución, las leyes y atendiendo genuinamente los asuntos que son prioridad para la nación”, afirmó el gremio.

En tanto, el Colegio Nacional de Abogados, a cargo de José Alberto Álvarez, en otro boletín de prensa hecho público ayer, advierte que “nuestro sistema de justicia está a punto de colapsar”.

EL SILENCIO DE VARELA

Juristas como el exjuez Alexis Ballesteros han cuestionado el poco interés del presidente de la República, Juan Carlos Varela, ante la implosión que estremece a la Corte.

“Pero, ¿por qué me preguntan?... Lo que está saliendo son cosas que ni uno mismo manejaba de por qué hicieron esa votación… Pareciera que están saliendo a aflorar las diferencias internas que había en el sistema que probablemente provocaron esa correlación de fuerzas”, afirmó el mandatario cuando se le consultó sobre el particular un día después de las revelaciones del magistrado Díaz.

Traducen al inglés orden de arresto contra Martinelli

El magistrado Jerónimo Mejía, en funciones de juez de garantías en el proceso que le sigue la Corte Suprema Justicia (CSJ) al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos, ordenó la traducción de más de mil páginas de este expediente para gestionar en Estados Unidos (EU) la detención provisional del exmandatario.

En una nota enviada ayer a las víctimas de la interceptación de comunicaciones, Mejía afirma que se traduce el escrito de acusación, los elementos de convicción del caso, y los antecedentes de la investigación presentados por el fiscal del caso Harry Díaz. Mejía sostiene que la traducción de dicha documentación es “indispensable” para dar cumplimiento a la orden de detención emitida por el pleno de la Corte el pasado 21 de diciembre de 2015.

Sin este paso, dijo Mejía, las autoridades de EU no harán ningún trámite. Además, señala que los requisitos legales y jurisprudenciales de ese país son distintos a los de Panamá, por lo que se debe asegurar el cumplimiento de las exigencias que deben satisfacerse y que no se perjudique la tramitación de la solicitud.

Balbina Herrera, quien junto con un grupo de víctimas del espionaje perpetrado en el gobierno de Martinelli acudió ayer al palacio Gil Ponce, manifestó que la respuesta de Mejía es insuficiente. “El tiempo pasa y el único beneficiado con la lentitud con que se maneja el proceso es Ricardo Martinelli”, afirmó. Consideró “extraño” que a casi un mes de que se ordenara la detención provisional del exmandatario “no se ha hecho ni un solo trámite para cumplir con esa orden”.

Mitchell Doens, otro de los querellantes, opinó que con la crisis que se vive en la Corte, los casos presentados contra Martinelli corren el riesgo de estancarse. Aseguró que si esta investigación no avanza, las demás (al menos otras 10) tampoco progresarán. En ese expediente se investiga a Martinelli por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

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