La Fiscalía General de Cuentas comenzó la investigación patrimonial relacionada con la adjudicación y ejecución del contrato No. 100 de 25 de agosto de 2010, celebrado entre la empresa Cobranzas del Istmo, S. A. y la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.
El informe de auditoría, realizado a solicitud del fiscal general de Cuentas, Guido Rodríguez, fue remitido por la Contraloría General de la República, con el fin de que se instruya la investigación para determinar una probable lesión al patrimonio del Estado.
Como resultado de la auditoría, se determinó que los pagos en concepto de comisión efectuados a la empresa Cobranzas del Istmo, S. A., no se ajustaron a los porcentajes establecidos en la cláusula octava del contrato.
Además, según el informe, se pagaron comisiones por cobro de morosidad no gestionada por dicha sociedad y por duplicidad en la cancelación de comisiones, así como el pago del valor correspondiente al 50% de retención del ITBMS, situación que ocasionó un probable perjuicio económico al Estado de 29 millones 561 mil 501 dólares con 67 centésimos.
En el informe se advierte que Cristóbal Salerno reintegró la suma de 20 millones 699 mil 982 dólares con 98 centésimos mediante transferencia a la cuenta única del Tesoro Nacional, por lo que la afectación económica se tasó en 8 millones 861 mil 518 dólares con 69 centésimos.
Los auditores de la Contraloría General de la República determinaron igualmente que en el proceso de contratación directa de la empresa Cobranzas del Istmo, S. A., como gestor de cobro para la recuperación de la cartera morosa y no pagada, que excediera los 12 meses de haberse causado, hubo incumplimiento de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, que regula las contrataciones públicas.
