Las autoridades cerraron dos emisoras de radio a las que no le renovaron las licencias de transmisión, en medio de la tensión generada por las nuevas sanciones estadounidenses contra el gobierno de Nicolás Maduro, que convocó el sábado, y por espacio de dos días, a unos ejercicios militares en respuesta a las supuestas amenazas de Washington.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cese de transmisiones de las emisoras 92.9 FM de Caracas y Mágica 99.1 FM, anunció el viernes por la noche la presidenta de la Cámara de Radio, Enza Carbone, en una comunicación que difundieron medios locales.
Las dos emisoras tenían espacios críticos contra el Gobierno. El cierre de las emisoras se debió a que Conatel no les renovó las concesiones, precisó Carbone.
La medida, tomada después de que Conatel ordenó esta semana a las empresas de televisión por suscripción retirar la señal de los canales colombianos Caracol y RCN, generó numerosas críticas.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela acusó al Gobierno de actuar de manera “arbitraria” y de violar la libertad de expresión.
El gobierno de Maduro enfrenta una compleja crisis que amenaza con acentuarse tras las sanciones que acordó la víspera el presidente Donald Trump para evitar que instituciones financieras tengan nuevos acuerdos con Venezuela.
Las nuevas medidas prohíben transacciones en bonos emitidos por el Gobierno venezolano y la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
También impiden operaciones con ciertos bonos en poder del sector público y el pago de dividendos al Gobierno por parte de Citgo, la filial estadounidense de Pdvsa.
Maduro admitió que las sanciones también limitarán a Pdvsa para vender el crudo venezolano en el mercado estadounidense.
Venezuela exporta un promedio de 700 mil barriles diarios de crudo al mercado estadounidense, según estimaciones de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, lo que representa cerca de la mitad de las exportaciones petroleras venezolanas y un ingreso anual estimado de 11 mil millones de dólares.
El ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, pidió el sábado “comprensión” ante las sanciones estadounidenses, que sostuvo que representan una “declaración de guerra económica”.
“Nadie crea que hay un rinconcito donde pueda quedarse a salvo de una agresión de esa magnitud”, dijo Villegas durante un acto en la Cancillería.
El ministro acusó a la coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática y al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, de ser los promotores de las medidas de la Casa Blanca.
El mandatario venezolano acusó a la oposición de promover las sanciones estadounidenses, y exigió al Tribunal Supremo de Justicia y la oficialista asamblea constituyente que inicien procesos por “traición a la patria” contra los que apoyaron las acciones de Washington.
“A mayor democracia en Venezuela el imperio responde con más agresión”, afirmó el sábado el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, al asegurar que la fuerza armada acompañará al Gobierno en las medidas que tomará para enfrentar las sanciones estadounidenses.
Desde una instalación de la Guardia Nacional en el oeste de la capital donde practicaban decenas de francotiradores, Padrino López activó los ejercicios militares que se extenderán hasta el domingo y en los que se estima que participarán unas 900 mil personas entre uniformados y civiles, algunos de ellos miembros de las milicias, que son un cuerpo integrado por civiles voluntarios uniformados.
Por otra parte, la diputada opositora Delsa Solórzano confirmó a la AP que el magistrado que fue nombrado por la Asamblea Nacional, Ángel Zerpa, recibió el viernes una medida de libertad condicional tras pasar más de un mes detenido en una sede capitalina de la policía política.
Solórzano indicó que Zerpa, quien deberá presentarse cada ocho días en los tribunales, fue trasladado a un centro de salud debido a la descompensación que sufrió por una huelga de hambre que realizó en protesta por su arresto.
Zerpa forma parte del grupo de 33 abogados que nombró en julio la mayoría opositora del Congreso como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.