La exalcalde de Lima Susana Villarán es la última figura política en quedar atrapada en el creciente escándalo por el presunto pago de sobornos o donaciones de empresas constructoras brasileñas a algunos de los principales políticos del país.
Un tribunal peruano prohibió a Villarán abandonar el país por ocho meses después de que los fiscales alegaran que recibió 4 millones de dólares en donaciones para su campaña de Odebrecht, S.A. y OAS SA en 2013.
La administración de Villarán suscribió contratos de autopistas con ambas compañías ese mismo año. Villarán niega haber cometido cualquier delito.
Funcionarios de los cuatro gobiernos de Perú desde 2001, así como varios alcaldes y gobernadores regionales, están bajo investigación como parte del escándalo de soborno conocido como Lava Jato que estalló en Brasil.
Una encuesta de opinión publicada el domingo por GfK Conecta SAC dice que 73% de los encuestados cree que el actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, recibió sobornos de Odebrecht cuando era ministro del gobierno. Para los tres predecesores de Kuczynski, esa cifra es aún mayor.
Kuczynski niega haber recibido sobornos o donaciones de campaña de parte de Odebrecht.
La dos veces finalista presidencial Keiko Fujimori también está siendo investigada por presuntamente recibir financiación de campaña de Odebrecht, alegaciones que niega.
En una señal de cómo se está erosionando la confianza en Perú, incluso el fiscal principal de Lava Jato, Hamilton Castro, está bajo investigación luego de que los legisladores lo acusaran de proteger a los socios locales de Odebrecht al no investigar las acusaciones de que estaban involucrados en el esquema de soborno.