El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, remitió hoy, 20 de agosto de 2015, a los negociadores del Gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) un documento de 80 páginas en el que expone 10 requisitos que considera que deben cumplirse tras un eventual acuerdo de paz, que están ligados a la aplicación de la llamada justicia transicional.
La propuesta de Ordóñez, un fuerte crítico del presidente Juan Manuel Santos en materia del diálogo de paz, se titula Mínimos Penales para Máximos Responsables -disponible en el sitio web de la Procuraduría- y en ella se explica que los 10 puntos surgen de la revisión del marco normativo de los derechos humanos y del derecho penal internacional, así como de una lectura integral y sistemática de la jurisprudencia y doctrina de órganos y organismos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos.
En el resumen ejecutivo que encabeza la propuesta, el alto funcionario comienza señalando que para lograr que un acuerdo que conduzca a la desmovilización de grupos armados sea sostenible a mediano y largo plazo, se requiere armonizarlo con la justicia. Y remarca, que la tradición jurídica colombiana y el derecho penal internacional imponen condiciones a los acuerdos que se hagan: "Con el fin de tener seguridad jurídica y certeza de que lo acordado se cumpla y se pueda cumplir, el Estado y el grupo armado ilegal deben sujetarse a ese marco".
Ordóñez explica que "la justicia transicional tiene un fundamento jurídico y político. Jurídico, porque no puede apartarse de los mínimos derivados de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y del derecho penal internacional. Político, porque la flexibilidad que se deriva de su excepcionalidad, propia de una situación de conflicto interno, permite la búsqueda de fórmulas que, basadas en esos mínimos jurídicos y en la satisfacción de los derechos las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, hagan posible la disolución del grupo victimario y el desmantelamiento de las condiciones que posibilitaron que agentes estatales también fueran perpetradores".
A continuación un resumen de los mínimos penales que propone el procurador:
En un comunicado emitido por la Procuraduría, Ordóñez afirma que los mínimos penales deben servir para construir fórmulas que satisfagan los derechos de las víctimas, los reclamos de justicia y las diferentes perspectivas que se plantean en la Mesa de Negociaciones. Asimismo, recalcó que es indispensable abrir un debate público con el fin de que las medidas de justicia que se adopten tengan el apoyo de la sociedad y la mayor legitimidad. Para ello, propone un foro en que estén representadas las visiones del Gobierno, la oposición y las FARC.
La propuesta del Procurador llega días después de que se generara una polémica en Colombia por declaraciones del presidente Santos sobre una eventual fórmula de implementación de los acuerdos de La Habana, relativa a la creación de un "Congresito" que se encargaría de reformar la Constitución, algo que será necesario para hacer efectivos algunos de los acuerdos.
De hecho, ya comenzaron a darse acercamientos para lograr el consenso necesario para la elaboración de la enmienda constitucional. El diario El Tiempo reportó hoy que a partir del lunes 24 de agosto miembros de las bancadas del Senado y la Cámara de los partidos de la U, Liberal y Cambio Radical, que conforman la Unidad Nacional, comenzarán a reunirse en la Presidencia. La idea es que discutan los avances de la iniciativa con el presidente de la República. Esta decisión fue tomada -afirma el diario- tras una reunión de más de tres horas el pasado martes en Presidencia, durante la cual se comenzaron a explorar componentes de esa reforma constitucional, entre ellas, otorgarle facultades extraordinarias a Santos para que implemente algunos temas, como los relacionados con política y justicia.
Según El Tiempo, el objetivo final de las conversaciones que se avecinan es lograr una sinergia similar a la que se dio cuando se discutió y aprobó el Marco Jurídico para la Paz, que fue impulsado por el Órgano Legislativo y que tuvo la asesoría permanente del gobierno.