La Corte Suprema de Brasil rechazó este miércoles 13 de septiembre por unanimidad un pedido del presidente Michel Temer de impugnar "por obsesiva conducta persecutoria" al fiscal que lo acusó de corrupción.
Los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) negaron la solicitud contra el procurador Rodrigo Janot, que se convirtió en la némesis del mandatario conservador luego de denunciarlo por recibir un soborno del frigorífico JBS. Fue la primera vez en la historia de Brasil que un presidente en funciones es acusado de un crimen común.
"No hay demostración acerca de cualquier duda sobre la conducción de este caso específico, razón por la cual (...) el STF por unanimidad niega el recurso", dijo Cármen Lúcia, presidenta del tribunal, al anunciar el resultado de la votación en la cual participaron nueve de los 11 miembros del tribunal.
La juez dejó en claro que el avance de las causas de la Operación Lava Jato no depende de nombres propios y aseguró que el máximo tribunal velará por la continuidad de la investigación que reveló una trama de desvíos de fondos desde la estatal Petrobras a políticos y empresarios.
"El STF no permitirá que el cambio de un nombre, o la separación de un nombre altere el rumbo", apuntó. La corte empezó a discutir por la tarde otro pedido de la defensa de Temer para bloquear posibles nuevas denuncias en su contra basadas en las pruebas ofrecidas por los directivos del gigante de la alimentación JBS hasta determinar si aún conservan su validez.
Pero la presidenta del tribunal dejó esa definición para la semana próxima, cuando Janot, cuyo mandato termina el domingo 17 de septiembre, ya habrá sido reemplazado por Raquel Dodge en la fiscalía general de Brasil.
La guerra entre poderes y en el seno mismo del Poder Judicial se intensificó en la última semana. Opositores y oficialistas esperan que antes de entregar el cargo, Janot formule una segunda denuncia contra Temer por obstrucción a la justicia o por formación de organización delictiva.
El fiscal acusó a Temer en junio de "corrupción pasiva", tras la revelación de la grabación de una charla con Joesley Batista, uno de los dueños de JBS, en las que el mandatario parecía avalar pagos ilegales, entre ellos un soborno para mantener callado a un diputado preso. La Cámara de Diputados rechazó en agosto encaminar el caso al STF.