Entre denuncias de "ejecución extrajudicial", familiares y grupos de derechos humanos exigían este miércoles 17 de enero, la entrega de los cuerpos del piloto Óscar Pérez, protagonista de sonadas acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, y de los otros seis abatidos en una operativo de seguridad.
Desde temprano, el acceso a la Morgue de Bello Monte, la principal de Caracas (sureste), fue restringido por cercos de efectivos armados y con escudos. Aura Pérez, tía del piloto y exagente policial de 36 años, ingresó al sitio para reclamar el cuerpo: "Vine a reconocer el cuerpo de mi sobrino y exigir que me lo entreguen. Lo enterraremos aquí en Caracas, donde nació", declaró a periodistas.
El martes, la esposa de Pérez, Dana Vivas, exigió en Twitter al gobierno "que permita identificar el cuerpo" a la familia, y aseveró que no autorizaban su cremación. Parientes de los otros muertos también llegaron a la morgue. "Pido encarecidamente (...) al presidente Maduro, con todo mi dolor y el de mi familia, que por favor, por el derecho que nos corresponde, se respete nuestro dolor y dejen de obstruir y nos entreguen el cuerpo de mi hijo", clamó llorosa Zeila Agostini, madre de Abraham Agostini.
#Venezuela Tía de Óscar Pérez entró a la Morgue de Bello Monte para identificar el cuerpo y así poder enterrarlo #TVVenezuel #TVVNoticias pic.twitter.com/ezp4dQlKHi
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— Guerrera de Luz#Alpha (@Nerecita99) January 17, 2018
Rodeada de una comisión de parlamentarios opositores que investiga los hechos, Agostini sostuvo que su hijo "murió como un héroe" y que se enroló en el grupo de Pérez -señalado por el gobierno de "terrorista"- por la grave situación del país.
"Mamá esto está mal, me da coraje, me da impotencia que el pueblo de Venezuela esté lleno de miedo, pero así tenga que dejar mi vida voy a ir a luchar por mi país", aseguró la mujer que le dijo su hijo en diciembre.
El operativo se desarrolló en las afueras de Caracas siete meses después de que Pérez atacara desde un helicóptero edificios gubernamentales, en medio de una ola de protestas contra Maduro que dejó unos 125 muertos entre abril y julio de 2017. Familiares, parlamentarios y activistas de derechos humanos lamentaron que el hermetismo haya marcado el caso.
"La respuesta que recibimos fue que no se van a entregar los cuerpos porque están a la orden de un tribunal militar", dijo a periodistas el diputado opositor Winston Flores. Agregó que las autoridades "no han querido entregar el informe de la autopsia". "Hubo un ajusticiamiento extrajudicial y queremos comprobarlo", aseguró.
En vídeos que difundió en Instagram durante la operación, Pérez, usuario frecuente de las redes sociales, afirmó que las autoridades les estaban disparando pese a que él y sus hombres querían entregarse.
La diputada opositora Manuela Bolívar acusa "una serie de irregularidades" y afirma que el "silencio" responde a "un homicidio a personas que estaban demandando entregarse" y los "cuerpos de seguridad continuaron hasta darle muerte". Pero el ministro de Interior, general Néstor Reverol, afirmó que cuando se negociaba la entrega el "grupo terrorista" atacó a las fuerzas de seguridad, matando a dos policías e hiriendo a otros ocho, tras lo que hubo un "enfrentamiento armado".
En un comunicado, la ONG Foro Penal recalcó que es deber del Estado "garantizar la vida, incluso de aquellos que hayan sido señalados como autores o partícipes en hechos punibles". "Sin incurrir en prácticas que puedan ser consideradas como ajusticiamientos o ejecuciones informales o la aplicación informal de la pena de muerte, prohibida en Venezuela", agregó.