Firma italiana aduce 'buena voluntad' en reclamo al Canal de Panamá

A través de un comunicado, los directivos de Salini Impregilo aclararon que para concretar una solución entre las partes involucradas, "es necesario que nos comprometamos todos" a realizar el esfuerzo conjunto para completar el proyecto de

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El consorcio Grupo Unidos por el Canal ha pedido un pago adicional de mil millones de dólares a la Autoridad del Canal de Panamá. El consorcio Grupo Unidos por el Canal ha pedido un pago adicional de mil millones de dólares a la Autoridad del Canal de Panamá.
El consorcio Grupo Unidos por el Canal ha pedido un pago adicional de mil millones de dólares a la Autoridad del Canal de Panamá.

PANAMÁ, (DPA).- La empresa constructora italiana Salini Impregilo, integrante del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), señaló hoy que confirma su "buena voluntad" al exigir a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que honre su deuda con los contratistas y evite caer en un "acto ilegal".

A través de un comunicado, los directivos de Salini Impregilo aclararon que para concretar una solución entre las partes involucradas, "es necesario que nos comprometamos todos" a realizar el esfuerzo conjunto para completar el proyecto de construcción del tercer juego de esclusas de la vía interoceánica.

Subrayó que "la amenaza de ACP de poner en marcha el denominado plan B, romper el contrato con el consorcio y confiar la realización de las obras a otros, además de ser ilegal y estar vetado por el contrato, es contrario a los intereses del Estado de Panamá y significa el despilfarro del dinero de los ciudadanos panameños".

"La ACP todavía tiene a su disposición todos los créditos de cientos de millones de dólares del plan financiero para contingencias e imprevistos, que aún no ha utilizado.

Ahora es el momento", puntualizó la nota para reforzar las advertencias a su cliente. Tras el inicio esta semana de un diálogo con la mediación del gobierno de España, el administrador de la ACP, Jorge Quijano, ha considerado "inaceptable" las condiciones de GUPC y sostuvo que es imprescindible que los contratistas se supediten a los contratos suscritos en 2009.

GUPC, integrado además por la empresa española Sacyr Vallehermoso (líder del consorcio), la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, S.A., exige el pago de mil 600 millones de dólares en sobrecostos para evitar la suspensión de las obras, si la ACP desconoce el reclamo.

Salini Impregilo planteó que "el GUPC exige exclusivamente que ACP respete las leyes del Estado de Panamá que prevén la compensación al contratista de los costes adicionales surgidos por imprevistos (Ley 22 de 2006 y enmiendas posteriores) y que se respete el reglamento interno de la ACP que imponen a la propia ACP la misma obligación".

La compañía italiana adujo que "todos los gastos incurridos por el consorcio en este sentido se documentaron en un proceso de 'open book' con el cliente, con total transparencia, y fueron sometidos a una auditoría efectuada por ACP con la ayuda de expertos internacionales".

"Sólo el coste del hormigón representa cerca de un tercio del valor total del contrato de unos 3 mil 500 millones de dólares, por lo que como consecuencia de dicho imprevisto los costes correspondientes exclusivamente al hormigón han aumentado más de un 100%", precisó Salini Impregilo.

Asimismo, considera errado el enfoque de la ACP de que "GUPC debería trabajar y financiar en obediente silencio, en espera de que, después de años, y tras haber invertido miles de millones de dólares de medios propios para realizar una obra propiedad del cliente, las sumas que finalmente el arbitraje reconozca como debidas al consorcio puedan ser finalmente recuperadas".

Salini Impregilo resaltó que "la construcción del Canal de Panamá representa un desafío tecnológico y de ingeniería extrema. Se trata de una de las obras de la humanidad que representan un hito por su envergadura, englobando a más de 10 mil personas".

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