El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala pidió el jueves a la Corte de Constitucionalidad que detenga la reforma que redujo las sanciones para el delito de financiamiento electoral ilegal y cambió por multas las penas a diez años de prisión por otros ilícitos, una decisión que ha agravado la crisis política en el país.
El procurador Jordán Rodas dijo a periodistas que la reforma aprobada la víspera por el Congreso pone en riesgo a la población guatemalteca.
La reforma fue aprobada unos días después de que el presidente Jimmy Morales fuera señalado por la fiscalía y la comisión anticorrupción de la ONU de irregularidades durante la campaña que lo llevó al poder en 2016.
En una acción que los críticos consideraron una maniobra para proteger al presidente y a los políticos de posibles acciones penales futuras, los legisladores avalaron por mayoría reducir de 12 a 10 años la pena máxima de prisión para quien incurra en ese delito y permitir que una sentencia de una década de cárcel por otros ilícitos pueda ser conmutada por una multa.
El Ministerio Público dijo que con la reforma quedarán al menos 400 delitos exonerados de cumplir prisión, entre ellos la extorsión, el robo agravado, algunas variantes de homicidio, el peculado, la malversación, la violación y el cohecho, entre otros.
Desde la mañana varias personas protestaban frente al Congreso en rechazo a los cambios.
“Ratas, ratas, ladrones”, gritaban los manifestantes a los diputados que ingresaban a las instalaciones del Palacio Legislativo.
Oscar Chinchilla, presidente del Congreso, convocó de urgencia al pleno de los legisladores para que el viernes discutan y den marcha atrás con los cambios.
La indignación de la población evoca a la suscitada en 2015 cuando miles de personas pidieron la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti acusados de actos de corrupción.
Ambos renunciaron a sus cargos y están presos a la espera de saber si irán a juicio.
Tras la convulsión política Morales llegó al poder con el lema “Ni corrupto, ni ladrón” amparado por el Frente de Convergencia Nacional fundado por exmilitares, algunos acusados de crímenes de lesa humanidad, que ha sido uno de los impulsadores de los cambios legales.
Para que entre en vigor la reforma debe ser promulgada por el presidente Morales, quien ha negado haber incurrido en irregularidades durante su campaña.
El martes el Congreso lo respaldó al no aprobar que se le retirara la inmunidad para que pudiera ser investigado por presunto financiamiento electoral ilícito.
La Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusaron a Morales de supuestamente ocultar información contable y financiera por una cantidad equivalente a unos 825 mil dólares durante su campaña de 2015.
Un par de días después Morales ordenó la expulsión del titular de la CICIG, lo que lo volvió blanco de críticas dentro y fuera del país ante lo que varios consideraron un intento de protegerse.
Finalmente la Corte Constitucional detuvo la salida del país del comisionado. Esta semana también se conoció que Morales recibió durante nueve meses un sobresueldo de 61 mil dólares de parte del ejército.
La Contraloría General de Cuentas, que investiga el pago, le dio al mandatario 15 días de plazo para que presente sus argumentos de descargo o devuelva el dinero.