Hermana y el cuñado del rey de España, en un juicio por corrupción

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La segunda hija de Juan Carlos I está acusada de dos delitos fiscales en relación con la presunta malversación de 6 millones de euros de dinero público por su marido, Iñaki Urdangarin, y un exsocio de éste, Diego Torres. La segunda hija de Juan Carlos I está acusada de dos delitos fiscales en relación con la presunta malversación de 6 millones de euros de dinero público por su marido, Iñaki Urdangarin, y un exsocio de éste, Diego Torres.
La segunda hija de Juan Carlos I está acusada de dos delitos fiscales en relación con la presunta malversación de 6 millones de euros de dinero público por su marido, Iñaki Urdangarin, y un exsocio de éste, Diego Torres. AFP

El juicio que muchos españoles esperaban, el de Cristina de Borbón, hermana del rey, acusada en uno de los mayores escándalos de corrupción que sacuden España, comenzó este lunes, pero inmediatamente su defensa solicitó que la infanta no sea procesada.

En una sala presidida por el retrato de su hermano menor, Felipe VI, jefe de Estado desde la abdicación de su padre en junio de 2014, Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia, de 50 años, escuchó muy seria la lectura de los cargos junto a los otros 17 acusados.

La segunda hija de Juan Carlos I está acusada de dos delitos fiscales en relación con la presunta malversación de 6 millones de euros de dinero público por su marido, Iñaki Urdangarin, y un exsocio de éste, Diego Torres.

Urdangarin y Torres son sospechosos de prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo.

El fiscal pide para ellos 19.5 años y 16.5 años de cárcel respectivamente.

La hermana del rey enfrenta una petición de pena de 8 años pero únicamente por parte de una acusación popular –la asociación ultraderechista Manos Limpias–, dado que ni la fiscalía ni la Hacienda pública actuaron contra ella. Ahí radica su esperanza de escapar al juicio.

Una hora después de la apertura del proceso su defensa aseguró, citando jurisprudencias precedentes, que la infanta no puede ser juzgada si únicamente la acusa la acción popular, una figura específica del derecho español.

“Porque lo apoya una doctrina consolidada del Tribunal Supremo, ratificada por el Tribunal Constitucional (...) respetuosamente solicitamos (...) la nulidad del auto de apertura de juicio oral en lo relativo a la responsabilidad de doña Cristina de Borbón”, afirmó Jesús María Silva, uno de sus abogados.

La infanta siempre ha defendido desconocer los negocios de Urdangarin y haber confiado ciegamente en su marido, del que se negó a divorciarse pese a la presión de una Casa Real determinada a limitar los daños en la ya maltrecha imagen de la monarquía.

“Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y por lo tanto no pueden ser de aplicación doctrinas anacrónicas” a “la infanta Cristina, beneficiándola de un privilegio”, declaró a los periodistas la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete.

Vestida con pantalón, chaqueta negra y fular rojo y blanco, la hermana del rey había llegado al tribunal en un coche gris oscuro acompañada por su esposo.

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