Honduras celebra este miércoles 6 de diciembre un nuevo escrutinio de la votación del 26 de noviembre, exigido por la oposición izquierdista ante sospechas de fraude por la reelección del presidente Juan Orlando Hernández y varios días de violentas protestas.
“Estamos abiertos a que se coteje, que se revise, una, dos, tres, las (veces) que sea, no tenemos ningún problema” pero “dentro de la ley”, señaló Hernández, de 49 años, del Partido Nacional (PN, derecha).
Con el 100% de las actas escrutadas, Hernández, de 49 años, aparece al frente con 42.98% de los votos, mientras que el candidato de la Alianza Opositora, el presentador de televisión Salvador Nasralla, de 64 años, obtenía 41.38%, de acuerdo con el último reporte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La crisis política en el país centroamericano se agudizó luego de que un grupo de policías se negara a cumplir el estado de sitio y el toque de queda nocturno decretado por el gobierno para controlar las protestas que dejaron tres muertos (entre ellos una joven de 19 años y dos agentes), saqueos y quemas a negocios. La oposición mantuvo su movilización en los últimos días con cacerolazos, palos y neumáticos incendiados en las calles.
El expresidente derrocado Manuel Zelaya, coordinador de izquierdista Alianza de Oposición Contra la Dictadura, exigió “un cotejamiento total entre cuadernillo, acta y votos”, según declaró a la AFP. De lo contrario, planteó la posibilidad de anular el proceso electoral, al señalar que “la ley contempla la nulidad cuando se presenta una demanda”.
El martes, organizaciones civiles hondureñas convocadas en Washington por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional denunciaron la muerte de 11 manifestantes a manos de la policía y más de 50 heridos en “un país altamente militarizado”.
“Todos esos asesinatos son producidos por la policía militar”, dijo Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, en teleconferencia desde Tegucigalpa.
Miles de policías antidisturbios y preventivos alcanzaron el martes un acuerdo con el gobierno para volver a sus tareas, un día después de haberlas interrumpido, con la condición de no tener que reprimir a manifestantes.
Un portavoz del movimiento policial, que no se identificó, dijo que los policías saldrían a cumplir con sus funciones “de proteger a la ciudadanía” en el combate a la delincuencia, pero advirtió que lo harían “sin reprimir al pueblo” que participa en manifestaciones pese al toque de queda nocturno.
Por su parte, las autoridades prometieron no tomar represalias contra los policías que se insubordinaron. Organismos internacionales que observaron las elecciones también pidieron verificar la actas. Estados Unidos exigió “una decisión transparente, imparcial y oportuna de los resultados de las elecciones”, según señaló en Washington la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.