Un informe de la organización Human Rights Watch (HRW) documentó que las autoridades militares y policiales ecuatorianas utilizaron fuerza excesiva para dispersar a manifestantes en varias jornadas de protesta contra el gobierno del presidente Rafael Correa, en agosto de 2015.
“HRW encontró evidencias creíbles de que en al menos 50 casos policías o militares emplearon la fuerza de manera innecesaria e ilegal en contra de personas que no estaban armadas… Golpearon y detuvieron arbitrariamente a decenas de personas e ingresaron ilegalmente a las viviendas de personas que no estaban participando en las protestas”, señala el informe, preparado en octubre pasado a partir de entrevistas a testigos, víctimas, activistas y abogados, y consultas a exámenes médicos, imágenes de video y documentos oficiales. El documento fue divulgado este martes, en Nueva York.
Las autoridades ecuatorianas no parecen hacer esfuerzos para investigar a los agentes que perpetraron los abusos; más bien lo contrario: el gobierno felicitó a las fuerzas de seguridad por su “profesionalismo” en el manejo de las protestas y abrió causas penales a los agredidos, muchos de ellos simples transeúntes y manifestantes pacíficos.
En agosto pasado, varias confederaciones indígenas convocaron a diferentes jornadas de protesta en al menos 10 provincias del país. Paralelamente, el 15 de agosto, Correa decretó un “estado de excepción” en todo el territorio, luego de que el volcán Cotopaxi, cercano a Quito, entrara en actividad. La declaratoria permitió que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tuvieran autorización para utilizar “todos los medios a su alcance” para responder ante la emergencia volcánica; algunos derechos, como el de la inviolabilidad del domicilio y el derecho de reunión, podían ser suspendidos. Dos días después, en una manifestación en la comunidad indígena de Saraguro, a más de 500 kilómetros del volcán, agentes uniformados recurrieron a la fuerza para dispersar una manifestación mayormente pacífica.
“El gobierno utilizó la amenaza de una erupción volcánica cerca de Quito para otorgarse amplias facultades para desplegar las Fuerzas Armadas a lo largo del país y suspender derechos fundamentales”, señaló Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de HRW.
El 27 de octubre pasado, la Fiscalía General entregó a la organización un “cuadro” con breves descripciones de 130 causas abiertas en contra de ciudadanos; 28 personas permanecían entonces en prisión preventiva.. A la mayoría se le acusaba de agredir a policías o militares con palos y piedras. La fiscalía no proporcionó las pruebas que afirmaba tener en su poder; tampoco información sobre las investigaciones en contra de los agentes de seguridad acusados de cometer los abusos.
Algunos de los casos documentados por HRW y sustentados con informes médicos:
Mario Farid Mosquera Zúrita, comerciante de 26 años de edad, regresaba a su casa por el caso histórico de Quito, cuando quiso ayudar a una mujer que estaba siendo golpeada por policías. A él le propinaron puñetazos y golpes con toletes.
Katy Betancourt y Liliana Herrera, dirigente de la mujer e hija del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, respectivamente, fueron golpeadas con toletes al intentar ayudar a otras personas que sufrían abusos policiales.
Manuela Picq, periodista brasileño-francesa y pareja de Carlos Pérez Guartamble, presidente de la Confederación Kichwa de Ecuador, fue retenida y golpeada sin motivo aparente. Las autoridades le cancelaron su visa válida.
Gabriel Antonio Paqui Andrade, de 25 años de edad, recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en el ojo izquierdo cuando salió de su vivienda a defender a un grupo de mujeres. Permaneció hospitalizado varios días; se le diagnosticó un “trauma contuso” en el ojo.
Manuel Asunción Poma, de 47 años de edad, salía de una tienda cuando fue abordado por policías, que lo golpearon con toletes y le obligaron a subirse a una patrulla. Como sangraba profusamente, le abandonaron en un hospital. Perdió cinco piezas dentales y parte de la mandíbula, producto de los golpes.
Paul Renato Carrasco, un estudiante de 26 años, y Wilson Rodrigo Loachamin, un agricultor de 44 años, fueron interceptados por la policía, golpeados y conducidos al Ministerio del Interior. Luego –junto a Mosquera, el comerciante de 26 años- fueron llevados a un hospital y, seguidamente, ante un juez, que dispuso la detención preventiva de los tres.