El juez argentino Claudio Bonadío ordenó ayer a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) una investigación sobre las presuntas relaciones comerciales que tendría la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su empresa inmobiliaria Los Sauces, S.A., con los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, que son objeto de una investigación judicial, reveló el diario argentino Clarín.
Bonadío indicó, asimismo, que el informe de la institución, que abarcaría la última década, deberá estar listo en 30 días.
El juez solicitó una “megafiscalización” con el fin de determinar la coherencia de relaciones comerciales de todo tipo entre Los Sauces y una decena de empresas. En el listado de sociedades investigadas, además aparecen Solvencia Crediticia, S.A. y Refugio Austral, S.R.L.
La actividad de Los Sauces fue desvelada gracias a una denuncia de la diputada progresista Margarita Stolbizer, también denunciante en el caso Hotesur.
Esta empresa fue creada en el año 2006, pero en 2008 empezó la compra de inmuebles tanto en la localidad de Santa Cruz como en la capital argentina.
Algunas de las empresas que están siendo investigadas por el juez Bonadío son Alcalis de la Patagonia, S.A. e Inversora MS, del empresario Cristóbal López, así como Austral Construcciones y Valle Mitre, S.A., empresas que son propiedad de Lázaro Báez. También figura la empresa Negocios Patagónicos, S.A.
Bonadío además quiere conocer “todas las distribuciones de dividendos que pudieran efectuar los accionistas de Los Sauces”, lo que según Clarín implicaría una investigación a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Estos ya han sido imputados por el fiscal del caso, Carlos Rívolo.
(Con información del diario Clarín)