La liberación de unos 30 opositores por el gobierno de Daniel Ortega fue recibida con alivio por organizaciones de derechos humanos, que sin embargo aseguraron no olvidar que otros 500 manifestantes están "injustamente" presos por protestar.
El gobierno de Daniel Ortega, presionado por una avalancha de críticas dentro y fuera del país, dejó libres 24 horas después a líderes y activistas de derechos humanos detenidos violentamente cuando intentaban marchar el domingo en Managua.
Entre ellos se encontraba el costarricense de origen nicaragüense Allan Cordero, cuya detención provocó incluso un roce diplomático entre ambos países.
El mandatario de 72 años, con 11 en el poder, es acusado por opositores de autoritarismo, nepotismo y corrupción, en medio de una ola de protestas que exige su salida del gobierno desde abril, y que ha desatado una represión que ha dejado más de 320 muertos.
Varios de los liberados al salir de la cárcel de máxima seguridad de El Chipote, en Managua, gritaron con el puño en alto: "Viva Nicaragua libre" y se abrazaron a amigos y familiares que estaban a las puertas del penal.
Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), los 30 detenidos el domingo fueron liberados.
"Es evidente que no se encontró indicio de ningún delito y aquí estamos en libertad, ojalá así sea para otros presos políticos. Vamos a seguir luchando para que no haya presos en este país", dijo la dirigente del disidente Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), Ana Vigil, al salir de la prisión.
Dirigentes de organismos cívicos, movimientos de mujeres y de derechos humanos estaban entre los apresados, quienes según la policía serían responsabilizados de convocar a una marcha sin el debido permiso.
También fue excarcelada la activista de derechos humanos, Haydee Castillo, quien fue bajada por agentes de migración de un avión cuando viajaba a un foro el mismo domingo.
"Es una muy buena noticia la liberación de las dirigentes del movimiento social en Nicaragua (...) seguimos atentos y pendientes de la situación de cientos de personas presas por la criminalización de la protesta", dijo la delegada para el país por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola.
"Con la injusticia cometida, una no puede dejar de alegrarse y llorar a la distancia con las imágenes de nuestras queridas compañeras, defensoras de los DDHH, liberadas hoy por la presión del pueblo Nicaragüense y quienes les acompañamos en solidaridad y acción", escribió a su vez en Twitter la directora de Amnistía Internacional para América, Erika Guevara-Rosas.
La opositora Alianza Cívica, que agrupa a empresarios, estudiantes y grupos civiles, manifestó que continuará luchando para liberar a todos los presos políticos, que estima en 400 personas, aunque organismos de derechos humanos contabilizan unos 500.
La acción policial del domingo provocó un roce diplomático entre Nicaragua y Costa Rica.
El presidente costarricense, Carlos Alvarado, llamó a Managua a cesar la represión y las detenciones arbitrarias, tras conocer que el costarricense Cordero estaba entre los apresados. Una declaración que el gobierno de Ortega tildó de "irrespetuosa" e "injerencista".
"Fueron unas horas muy angustiantes para él, para su familia y para nosotros en el consulado", dijo el cónsul Oscar Camacho sobre la detención de Cordero, según un comunicado emitido en San José.
El funcionario dijo también que "Cordero explicó que fue sometido a interrogatorios, que no hubo maltratos físicos ni psicológico".
La Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones, así como los gobiernos de Costa Rica y Panamá habían condenado los arrestos.
Los cancilleres del Mercosur también se pronunciaron este lunes sobre "las acciones represivas del gobierno" de Ortega, que estimaron "son incompatible" con un sistema democrático.
Las protestas antigubernamentales comenzaron el 18 de abril contra una fallida reforma al sistema de seguro social y tras su violenta represión, que deja ya más de 320 muertos, se transformaron en un reclamo por la salida del poder de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
