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OPERACIÓN LAVA JATO

Panamá bloquea las pesquisas en Brasil

El Ministerio Público sigue sin cooperar en las investigaciones sobre cuentas bancarias de la sociedad Constructora Internacional del Sur, se quejan fiscales.

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En manos de la magistrada Ángela Russo (Izq.) y de la procuradora Kenia Porcell están los pedidos de ayuda de Brasil y Suiza, respectivamente. En manos de la magistrada Ángela Russo (Izq.) y de la procuradora Kenia Porcell están los pedidos de ayuda de Brasil y Suiza, respectivamente.
En manos de la magistrada Ángela Russo (Izq.) y de la procuradora Kenia Porcell están los pedidos de ayuda de Brasil y Suiza, respectivamente. LA PRENSA/Archivo

Después de 14 meses, el Ministerio Público de Panamá sigue sin cooperar con la justicia de Brasil, confirmaron a este diario fiscales del país sureño a cargo de la Operación Lava Jato.

Panamá respondió parcialmente una carta rogatoria de Brasil, pero los fiscales de ese país están insatisfechos de la respuesta de las autoridades locales.

A las cuentas de Constructora Internacional del Sur –aperturadas en los bancos locales Multibank y Credicorp Bank– arribaron casi 50 millones de dólares.

“La cuenta panameña de Constructora [Internacional] del Sur mantenida en Panamá fue usada por Odebrecht para hacer pagos de coimas, pero Panamá no está cooperando con las investigaciones”, lo que ha provocado un bloqueo en esta parte de la Operación Lava Jato. 

La Prensa buscó la versión del Ministerio Público, pero no hubo respuesta.

A este pedido de Brasil, se une ahora uno de la Fiscalía General de Suiza por el supuesto delito de soborno a mandatarios extranjeros y blanqueo de capitales, en el que se menciona al expresidente Ricardo Martinelli y a dos de sus hijos. 

PANAMÁ NO ESTÁ COOPERANDO CON INVESTIGACIONES

“Panamá no quiere mandarnos toda la documentación de la cuenta panameña [de Constructora Internacional del Sur], a pesar de nuestra insistencia”. 

Esa es la áspera conclusión a la que han llegado los fiscales brasileños de la macrooperación Lava Jato, cuyos avances en la investigación de la red de coimas enquistada en Odebrecht han chocado frontalmente con la pasividad de las autoridades panameñas. Un dardo que perfora nuevamente la reputación del país en relación con su efectiva cooperación en las rogatorias internacionales.

Ha pasado un año y dos meses desde que Brasil remitió la rogatoria a Panamá con preguntas precisas sobre el dinero depositado en la sociedad panameña Constructora Internacional del Sur, S.A. –unos 50 millones de dólares– y cuyo rastro existe en reportes de operaciones sospechosas que entregaron el año pasado dos bancos locales a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

“La cuenta panameña de Constructora [Internacional] del Sur que se mantenía en Panamá fue usada por Odebrecht para hacer pagos de coimas, pero Panamá no está cooperando con las investigaciones”, indicó a este diario una fuente del Ministerio Público brasileño ligada a las indagaciones de Lava Jato.

Para Brasil, la respuesta que recibió de Panamá hace unos meses, y cuyo contenido se desconoce, es insuficiente porque solo ha cumplido con una parte, y esto ha provocado un bloqueo en el avance de las investigaciones.

Según han confirmado fuentes judiciales del caso a este periódico, Panamá está vulnerando deliberadamente los principios básicos en materia de cooperación judicial internacional, resultando un serio obstáculo en las investigaciones. Tanto es así, que los fiscales brasileños hicieron una reclamación formal a las autoridades panameñas sobre la demora en responder a sus solicitudes.

La procuradora Kenia Porcell participó la semana pasada en Viena (Austria) en el vigésimo quinto período de sesiones de la Comisión en la Prevención del Delito y Justicia Penal del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Este escenario sirvió de encuentro improvisado entre fiscales brasileños y Porcell, quienes le expresaron la importancia de que el pedido de información sobre la cuenta bancaria en Panamá –usada por Odebrecht para pagar coimas– sea resuelto en su totalidad.

La lista de naciones extranjeras, donde la Operación Lava Jato ha tenido alcance, llega a 39. Según documentos que reposan en el sumario judicial a los que ha tenido acceso La Prensa, el dinero desviado que la Policía Federal calcula en cientos de millones de dólares, transitó por 30 países distintos. Panamá fue un enclave para canalizar coimas millonarias y para ocultar el origen ilícito del dinero a través de empresas offshore y cuentas bancarias.

Hasta ahora, el Ministerio Público Federal ha tramitado 53 acuerdos de cooperación internacional que se ha saldado con la recuperación de cientos de millones de dólares.

Todos los países requeridos, menos Panamá, han colaborado en la transmisión de información a las autoridades judiciales brasileñas del caso Lava Jato.  

La lista de los colaboradores incluye países como Islas Vírgenes, Islas Caimán y Antigua y Barbuda, cuya colaboración en información bancaria, patrimonial, de identidad e información contable vinculada al caso Lava Jato han mejorado notablemente su imagen.

Por otro lado, varios países han solicitado colaboración al Ministerio Público de Brasil para llevar a cabo investigaciones relacionadas con la Operación Lava Jato, ampliando así las ramificaciones internacionales del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil.

PEDIDO DE SUIZA

Paralelamente, la Fiscalía Federal de la Confederación Suiza envió una rogatoria a Panamá referente a las actividades del expresidente Ricardo Martinelli y sus hijos –Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares– dentro de la investigación relacionada con el pago de sobornos por parte de la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht, S.A.

La asistencia judicial quedó en manos de la magistrada Ángela Russo de Cedeño, de acuerdo con el reparto del pasado 25 de mayo en la Corte Suprema de Justicia, ya que, como es sabido, el expresidente es diputado del Parlamento Centroamericano y en consecuencia, toda investigación judicial sobre el exfuncionario debe pasar por manos de la Corte Suprema.

La carta rogatoria de las autoridades federales suizas se enmarca en una sumaria de carácter penal “por el supuesto delito de soborno a mandatarios públicos extranjeros o complicidad en ello y blanqueo de capitales [...] donde se menciona a un diputado del Parlamento Centroamericano”.

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