crisis en el Ministerio Público

Perú: Fiscales de caso Odebrecht amenazan con renunciar

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Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez fueron removidos del equipo especial Lava Jato por el fiscal general Pedro Chávarry. Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez fueron removidos del equipo especial Lava Jato por el fiscal general Pedro Chávarry.
Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez fueron removidos del equipo especial Lava Jato por el fiscal general Pedro Chávarry. Tomado de El Comercio

Los tres fiscales restantes del equipo especial que investiga a la élite política implicada en el caso Odebrecht anunciaron el martes que renunciarán si el controvertido fiscal general Pedro Chávarry no retorna a sus cargos a sus colegas destituidos horas antes del Año Nuevo, una medida que despertó el rechazo del presidente Martín Vizcarra y de organizaciones internacionales y que provocó manifestaciones en diferentes ciudades de Perú.

Germán Juárez, un miembro del equipo que permanece en el cargo e investiga al expresidente Ollanta Humala, dijo a la radio local RPP que la destitución del fiscal coordinador del grupo, Rafael Vela, y del fiscal provincial, José Domingo Pérez, era una decisión “injusta” de Chávarry porque habían logrado “avances valiosos” en la investigación más importante de la historia reciente contra la élite política del país sudamericano.

Más tarde, Juárez y los fiscales Norma Mori y Carlos Puma emitieron un comunicado en el que afirman que la decisión de Chávarry es “inadecuada y afecta la lucha frontal contra la corrupción”. Juárez dijo que un nuevo equipo fiscal encargado de la compleja investigación sería “como empezar de cero, (porque) tenemos marcada una estrategia en conjunto”.

Vizcarra retornó de urgencia desde Brasil, adonde había viajado para la investidura del mandatario Jair Bolsonaro, y estudiaba en el palacio presidencial de Lima las medidas que tomará “luego de un análisis técnico y legal”.

No hay caminos claros para establecer las rutas que permitan la destitución de Chávarry. De momento, algunos expertos afirman que podrían presentarse acciones constitucionales ante un juez para suspender al fiscal general o incluso que el presidente podría presentar un proyecto de ley al Congreso para declarar en emergencia al Ministerio Público y así sacar a Chávarry del cargo.

Chávarry dijo el lunes en una conferencia de prensa en la que no admitió preguntas que retiró a Vela y a Pérez porque este último cuestionó su elección como fiscal general y porque Vela avaló esa conducta.

Pérez denunció en diciembre a Chávarry por posible encubrimiento debido a las trabas a sus indagaciones sobre los nexos de la poderosa lideresa opositora Keiko Fujimori y del expresidente Alan García con Odebrecht.

A inicios de diciembre, Vela y Pérez lograron un acuerdo con Odebrecht. La empresa se comprometía a entregar sin condiciones documentos y datos de sus sistemas encriptados sobre el pago de sobornos a funcionarios en Perú; permitir que sus exgerentes declaren como colaboradores eficaces ante los fiscales; y pagar 181 millones de dólares. Según los fiscales destituidos, las pruebas son cruciales para posibles sentencias contra Fujimori y García.

El acuerdo con Odebrecht es mantenido en reserva porque así lo establece la ley de colaboradores eficaces, pero Chávarry ha dicho que lo hará público. Con esto, según expertos, Chávarry busca romper el acuerdo y detener las investigaciones.

Las diferencias entre los fiscales destituidos y el fiscal general también se acentuaron cuando Chávarry impuso una decena de investigaciones internas a Pérez y dificultó el trabajo del equipo al no otorgarles una oficina.

El fiscal general —cuyo nombramiento incluso está en duda por presuntamente no haber alcanzado el puntaje mínimo para el cargo— es respaldado en el Parlamento por los partidos de Fujimori y García. Acumula tres denuncias constitucionales en el Congreso que podrían iniciar el camino a su destitución, pero que no avanzan debido a que el partido de Fujimori _mayoritario en el Legislativo_ ha postergado los debates.

Todas las denuncias contra Chávarry están relacionadas con un informe emitido en agosto por otra importante fiscal del principal puerto de Perú, quien lo acusa de integrar un grupo delictivo conformado por magistrados y empresarios que torcían la justicia a cambio de recibir favores o dinero. A fines de agosto, una legisladora del partido de Fujimori consideró que la permanencia de Chávarry en el cargo de fiscal general es “un asunto de supervivencia”.

La destitución de los fiscales del caso Odebrecht provocó preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la organización Transparencia Internacional. El secretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrao dijo que por el “impacto y relevancia, la decisión de la Fiscalía General de Perú debe ofrecer una justificación pública”. Transparencia Internacional añadió que la decisión de Chávarry “es un enorme paso atrás en la lucha contra la impunidad en Perú” e instó a “reconsiderar” su decisión.

La decisión de Chávarry desató protestas inusuales en las calles entre cientos de peruanos pocas horas después del Año Nuevo en al menos cinco ciudades del país, donde los gritos que pedían la salida de Chávarry se mezclaban en algunos casos con los sonidos de la pirotecnia. Se anunciaban más protestas para la tarde del primer día de 2019.

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