El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicitó este lunes 1 de abril a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela allanar la inmunidad del presidente encargado, Juan Guaidó, por violar la prohibición de salir del país, que le fue impuesta el 29 de enero, lo que abre el camino a las autoridades para enjuiciarlo por presuntos delitos que van desde supuestos vínculos con hechos de violencia ocurridos en enero hasta recibir dineros del extranjero sin justificación.
El presidente del máximo tribunal, el magistrado Maikel Moreno, solicitó al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente “a que se proceda al allanamiento de la inmunidad parlamentaria” de Guaidó por violar las medidas cautelares que le fueron impuestas con anterioridad.
Guaidó realizó en febrero una gira por varios países de la región pese a que el Tribunal Supremo le había prohibido salir del país, había congelado sus cuentas bancarias y le prohibió enajenar y gravar bienes a pedido de la Fiscalía General, que lo investiga por hechos violentos ocurridos en enero.
El presidente encargado no estuvo disponible para comentarios de inmediato.
Moreno indicó que a Guaidó –jefe de la Asamblea Nacional y que en enero se autodeclaró presidente interino– le fuera impuesta una multa de 200 unidades tributarias –unos tres dólares– por violar la medida de prohibición de salida del país.
Juan Guaidó responde a petición del TSJ sobre allanamiento de su inmunidad parlamentaria: “vamos a seguir adelante con la Operación Libertad”. pic.twitter.com/lm0UDypgw4
Juan Guaidó responde a petición del TSJ sobre allanamiento de su inmunidad parlamentaria: “vamos a seguir adelante con la Operación Libertad”. pic.twitter.com/lm0UDypgw4
— NTN24 (@NTN24) April 1, 2019
“Instamos a que esta sentencia sea cumplida y se procederá a investigar por quebrantarla”, aseveró Moreno.
El anuncio del Tribunal se produjo cuatro días después que la Contraloría General inhabilitara a Guaidó para participar en elecciones y ejercer cargos públicos por 15 años por la supuesta falsificación de datos en su declaración patrimonial y por recibir dinero del exterior sin justificación.
La Contraloría General se encarga de la revisión de la gestión de todos los organismos estatales y funcionarios públicos.
El contralor Elvis Amoroso no precisó cuándo empezaría la inhabilitación ni reveló el monto de una multa que le será impuesta a Guaidó, pero sí agregó una acusación más: usurpar funciones públicas y cometer “acciones con gobiernos extranjeros que perjudican al pueblo de Venezuela y su patrimonio”.
Guaidó considera ilegítimo al Tribunal Supremo, la Asamblea Constituyente y la Fiscalía General, postura compartida por más de cinco decenas de países.
Y mientras la tensión política va en aumento y las autoridades estrechan el cerco judicial contra Guadó, millones de venezolanos tratan de lidiar con los cortes de energía y se mantienen suspendidos servicios básicos como el agua.
La incertidumbre reinaba el lunes entre los venezolanos tras el anuncio del presidente Maduro de un plan de 30 días para racionar la electricidad.