En medio de una disputa comercial que se encuentra en proceso de apelación en la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Gobierno colombiano resolvió esta semana extender hasta el 30 de julio el sobrearancel impuesto a textiles y calzados, medida que venció el pasado 31 de marzo.
Así lo establecieron las autoridades colombianas mediante el Decreto No. 515 del 30 de marzo de 2016.
Este sobrearancel, que Colombia introdujo en marzo de 2013 y que impactó negativamente al comercio de la Zona Libre de Colón (ZLC), fue declarado como “violatorio” por la OMC el 27 de noviembre de 2015, fecha en que resolvió la denuncia presentada por Panamá en junio de 2013.
El ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, manifestó que el Ejecutivo se mantendrá “vigilante del proceso en la OMC y de las medidas que adopte Colombia”.
“Lo ideal hubiera sido que Colombia, sabiendo que tiene una apelación por resolverse, no prorrogara la medida y que esperara a tener el fallo definitivo”, señaló Arosemena.
Tras conocer el fallo en noviembre pasado, Colombia apeló la resolución de la OMC, argumentando que el sobrearancel impuesto “lucha contra el lavado de activos y, en particular, contra el uso de las importaciones de prendas de vestir a precios artificialmente bajos para lavar activos”.
Panamá, a su vez, se opuso por escrito a la apelación colombiana. Los próximos días 4 y 5 de abril se celebrará una audiencia ante el Órgano de Apelación de la OMC, en la que ambas partes harán sus descargos sobre el caso. El fallo de la apelación podría conocerse entre mayo y junio próximos. El Ministerio de Comercio e Industrias ya analiza medidas que podría tomar, en caso de que Colombia no acate un nuevo fallo favorable a Panamá.
La medida colombiana es un arancel del 10%, más un valor adicional estimado entre $1.75 y $5 por cada kilo de mercadería aplicado a textiles, confecciones y calzados provenientes del istmo.
