Xu XueyuanHace 2 añosHace siete años, el gobierno de Panamá tomó la decisión estratégica de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, abriendo un nuevo capítulo en nuestras relaciones bilaterales.
Hace 2 añosSi hay un tema que está claro en nuestra Constitución, es que ni el Ejecutivo ni la Asamblea Nacional pueden decretar indultos o amnistías por delitos comunes como homicidio, robo, peculado y blanqueo de capitales. La propia Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa y consecuente con este tema, a pesar de los intentos por desafiar este principio que busca garantizar que no haya impunidad, especialmente impulsada por aquellos en el poder. El artículo 184 de la Constitución, que describe las atribuciones del presidente de la República de Panamá, es categórico: “Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes”. Asimismo, en este tema la Asamblea Nacional (artículo 159) solo está facultada en su función legislativa para “decretar amnistía por delitos políticos”. Nótese que en ambos casos se excluyen los delitos comunes. Por lo tanto, cualquier intento de evadir la justicia o ganar tiempo a favor de personas condenadas o procesadas por delitos comunes mediante estas herramientas sería simplemente un desafío a la institucionalidad, al imperio de la ley y al prestigio internacional del país.
Guillermo Márquez AmadoHace 2 añosInicio este artículo de opinión al leer en La Prensa que la impugnación interpuesta contra el diputado Benicio Robinson, con ocasión de su proclamación, ha pasado a ser del conocimiento de los magistrados del Tribunal Electoral, en apelación.
Hace 2 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregó al Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) pagarés por un monto de $1,272 millones, que serán desembolsados en los próximos 10 años, para saldar los aportes que debió haber hecho el Gobierno entre los años 2020 y 2023. Además de ser una solución absurda, este gobierno jamás ha explicado en qué utilizó los ingresos producto de la ampliación del Canal que debían depositarse en el FAP durante la pandemia. Seguramente no ha sido en nada provechoso, ya que todo respecto al uso de esos dineros se manejó con total opacidad. Según diputados independientes, este plan es una artimaña del titular del MEF para eludir su responsabilidad penal por haber privado al FAP de recibir los fondos que, por ley, le correspondían. Estos pagarés supuestamente generarán al FAP un rendimiento del 7.45%, lo cual será una pesada carga para el Estado, que deberá saldar no solo el capital, sino también esos intereses que suman millones de dólares anualmente y que saldrán del presupuesto general de la Nación. Desde cualquier punto de vista, estos pagarés no son más que maniobras desesperadas que deberían ser denunciadas para que los responsables respondan por el desvío del dinero.