Redacción de La PrensaHace 3 años¿ERROR? Ayer, la Policía ingresó un vehículo patrulla de la Dirección de Operaciones de Tránsito en los recintos de la Universidad de Panamá. Luego, la entidad emitió un comunicado para pedir disculpas. Después de ver cómo, desde el Ejecutivo, desafían a la propia Constitución, pensarán que violar la autonomía universitaria es lo de menos.
Lina Vega AbadHace 3 añosHace solo dos semanas escribía con emoción y alegría que, finalmente, el país había entendido la importancia de proteger nuestros recursos naturales.
Hace 3 añosNo son pocas las explicaciones que le deben el presidente y el vicepresidente de la República a la población sobre la denominada “Caja 2″ de las campañas primaria y presidencial de 2018 y 2019, respectivamente, en la que hay indicios de situaciones que merecen, al menos, una investigación. Igualmente, es tan preocupante como alarmante el hecho de que un socio del vicepresidente tenga a un allegado al que una indeseada minera le paga o le pagó una estrafalaria cantidad de dinero al mes, a cambio de servicios sin trascendencia. El vicepresidente eludió responder sobre su participación y la de una de sus sociedades en la “Caja 2″ de la campaña del PRD o sobre sus excompañeros de la mina de Petaquilla; sobre las triangulaciones de fondos y las donaciones que habría recibido y depositado en cuentas de sus empresas, y sobre la participación de su socio en un esquema para enmascarar donaciones de una cuestionada empresa que, a la sazón, es de las favoritas del Ministerio de Obras Públicas. Tampoco ha respondido sobre el misterioso contrato de Cerro Quema. ¿Alguna vez se molestará en dar esas explicaciones? ¿Cómo saber si en las campañas de 2023 y 2024 no ha hecho lo mismo? Por mucho menos, la Fiscalía Electoral tendría que haber iniciado una investigación. En cambio, prefiere cruzarse de brazos, como siempre.
Eugenia Rodríguez BlancoHace 3 añosLas desigualdades entre hombres y mujeres que normalmente observamos, medimos y problematizamos tienen en común que ocurren en el espacio público y la economía remunerada.
Juan B. McKay A.Hace 3 añosHace ya mas de 3 semanas, lo que se inició como una manifestación de rechazo al contrato minero de un pequeño grupo, se ha ido transformando en una combinación de rechazo a varias cosas como la incapacidad, abuso, despilfarro, corrupción y falta de transparencia de cuatro años de una gestión que dejó mucho que desear.
Flor Mizrachi AngelHace 3 añosTodos los regímenes autoritarios, dictatoriales y corruptos tienen el mismo patrón: atacar a periodistas críticos de sus actuaciones.
Hace 3 añosEs necesario aclarar la engañosa y confusa nota redactada por el analista Rodrigo Noriega titulada “El MICI conocía riesgos constitucionales cuando renovó contrato con Minera Panama”.
Redacción de La PrensaHace 3 años‘REALITY’. Si a usted le gustan las series y novelas de intriga, codicia, sobornos y millonarios contratos estatales, no necesita afiliarse a un servicio de streaming: puede entretenerse con la lectura de la sentencia de la juez Baloisa Marquínez sobre el caso Blue Apple. Estos fallos están alcanzando unos niveles de realismo sin precedentes, al punto de que la juez transcribió las “amenazas y presiones” que recibió un contratista del Estado que, en el año 2011, se negó a pagar el 10% del valor de su contrato a un testaferro del entonces viceministro de Vivienda, Jaime Ford Castro. El contratista declaró que recibió el mensaje de “que podrían sacarle la ch…”, entre otras muestras de desafecto, si no pagaba la coima. Al final, aceptó y contó con lujo de detalle cómo el testaferro le acompañó al banco y le presentó al ejecutivo que recibiría y blanquearía ese dinero. Pocos testimonios pueden ser tan contundentes como ese.