Saliendo de Chepo hacia el oeste, por una de las calles del pueblo, se observa al fondo una visión apocalíptica. Es el vertedero municipal, un enorme espacio abierto, totalmente cubierto por basura. Un alto porcentaje de los desechos consiste de bolsas plásticas.
Una quebrada atraviesa el dantesco lugar. La basura del vertedero no solo contamina el arroyo: por acción de las alimañas y el viento, se esparce muchos metros a la redonda.
Cerca del basurero hay vida humana y silvestre, incluyendo aves de diversas especies y peces en los riachuelos. También hay potreros, cuyo ganado bebe el agua contaminada de la quebrada.
Las reses, aparentemente atraídas por el color y sabor de las bolsas, las ingieren. El consumo de plástico (que, como es sabido, demora cientos de años en descomponerse) les trastorna el proceso digestivo, produciendo una acumulación de gases que, inevitablemente, conduce a la muerte de los semovientes.
El vertedero depende de una deficiente administración municipal. Al respecto del desastre descrito, corresponde tanto al gobernador Rafael Pino Pinto (del Partido Popular) como al Concejo de Chepo llamar a capítulo al alcalde, Olmedo Barrios (del Partido Panameñista). Pero, en vista de las insuficiencias del régimen local, plagado de clientelismo y corrupción, no existen en dicho Concejo las capacidades necesarias para ejercer esa función.
Al Ministerio de Ambiente no le interesa aportar a la solución del problema. Su jefe se inclina más por arrebatarle espacios burocráticos al secretario general que por salvaguardar nuestro patrimonio ecológico, en grave peligro en Chepo y muchas partes del país.
Otras entidades competentes en el asunto no se dan por aludidas. Existe en la Asamblea Nacional la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, presidida por el diputado Melitón Arrocha (del Partido Panameñista), a la cual corresponde fiscalizar la gestión ambiental y exigir actuaciones contundentes para proteger nuestro acervo natural.
En vista de la grave vulneración al derecho de la población “a un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana”, según el artículo 118 de la Constitución, atañe a la Defensoría del Pueblo ejercer el control no jurisdiccional de las omisiones de los servidores públicos en esta cuestión y actuar para que se respeten los derechos humanos, de acuerdo con el artículo 129 de la misma carta política.
El Código Penal establece sanciones por delitos ambientales, lo que debería motivar la intervención del Ministerio Público, particularmente a partir de lo indicado en el artículo 399: “Quien infringiendo las normas de protección del ambiente establecidas destruya, extraiga, contamine o degrade los recursos naturales, será sancionado con prisión de tres a seis años”. Los fiscales del Ministerio Público, sin embargo, se resisten a actuar de oficio en casos ecológicos, optando, al mismo tiempo, por dejar prescribir las denuncias de delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial, como lo advertí en una columna anterior (La Prensa, 6 de septiembre de 2017).
Presento la situación del basurero chepano como reflejo de lo que ocurre en la mayoría de los pueblos y barriadas de Panamá. Exhorto a los acuciosos periodistas de nuestra prensa escrita, radial y televisiva a acudir a Chepo para documentar y difundir el caótico panorama que esta columna, por razones de formato, solo puede tratar someramente.
De un canto a otro del país, un pésimo manejo de los desechos, que comienza en los hogares, continúa en las escuelas y sitios de trabajo, y termina en los vertederos, ríos y carreteras del país, amenaza la salud colectiva, menoscaba el ambiente y contamina el paisaje, reduciendo significativamente el valor de nuestro patrimonio natural. A pesar de que existen “autoridades” constituidas para atender esta problemática, ninguna se involucra como lo disponen la Constitución, la normativa internacional y las leyes de la república.
La recta aplicación de la norma que elimina parcial y gradualmente el uso de bolsas de polietileno, decretada por la Asamblea Nacional a finales de octubre pasado, podría significar un primer paso, muy modesto, para revertir el caos imperante en nuestro ambiente natural. Sin embargo, como lo demuestra el desarreglo del vertedero chepano, falta mucha presión ciudadana para conminar a los servidores del Estado a poner orden en materia ambiental.
El autor es catedrático de ciencia política y director de la maestría de relaciones internacionales de FSU de Panamá