En pequeñas comunidades era común que cualquier habitante, al percatarse de un fuego o algún peligro, sonara las campanas de la iglesia para alertar a todos los habitantes del hecho. Tomo este espacio para compartir con mis conciudadanos que estamos encaminados a una “lista gris” que afectará nuestra economía y el sistema financiero. Quiero ser claro al respecto: Panamá únicamente evitará caer en esta lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) si se adopta en el Código Penal la defraudación fiscal como un delito precedente al blanqueo de capitales.
Panamá fue ubicada en el proceso de seguimiento intensificado como los resultados de la evaluación mutua realizada por Gafilat de 2017 que evidencia deficiencias tanto en el cumplimiento técnico de las recomendaciones como en la efectividad de su régimen para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este proceso de seguimiento intensificado nos lleva a la lista gris de julio de 2019 si no se adoptan ciertas medidas legislativas para sanear las deficiencias identificadas. Este sería el primer plato que se le servirá al nuevo gobierno del quinquenio 2019-2024.
De nada sirve halarse los pelos, rasgarse las vestimentas y proclamar nuestra inocencia y pulcritud. Vamos a la lista si no tomamos las medidas legislativas requeridas. Panamá estuvo en 2014 en la lista gris del GAFI y los bancos panameños perdieron 74 relaciones de corresponsalía bancaria en los 20 meses que tomó salir de esa lista. Lo que nos viene va a ser igual o peor que lo que vivimos en 2014.
La principal deficiencia de Panamá es la ausencia del delito de defraudación fiscal (el cual no es un crimen en el Código Penal) y que, al no considerarse como delito penal, no puede incluirse como un delito precedente al crimen de blanqueo de capitales. Desde enero de 2018, la Asamblea Nacional ha tenido un proyecto de ley para resolver este tema. No hemos avanzado en aprobar esta ley y, de no adoptarse, tendremos consecuencias no solo para el sistema financiero de Panamá, sino para nuestra economía.
El estar en seguimiento intensificado del GAFI ya se siente en nuestra nación. Las empresas panameñas que tratan negocios internacionales ya saben que el universo de apoyo financiero a nivel internacional está siendo limitado. Un vendedor panameño de equipos de alta tecnología no pudo conseguir financiamiento directo para la venta de un equipo en la Comunidad Europea y tuvo que adoptar otra figura societaria que no estuviera relacionada a Panamá.
Un abogado panameño me contó que su hija, que vive en Bélgica, tuvo que visitar tres bancos antes de poder abrir una cuenta bancaria y para conseguir una hipoteca tuvo que hacer maromas. Igualmente, otro prominente abogado panameño levantó el grito al cielo en un tuit porque los bancos españoles le bloquearon la cuenta bancaria a su hija cuando él le envió $800 para sus gastos universitarios. Este último personaje concluye su tuit preguntando: “¿Qué va a hacer mi gobierno con esta infamia sufrida?”.
La respuesta a esa pregunta es que Panamá tiene que penalizar el delito de defraudación tributaria y vincular este crimen al blanqueo de capitales. Estos son delitos graves. Es un tema de Estado y no de un gobierno. Sin estas leyes, nuestra economía y sistema financiero se verán seriamente afectados y eso afectará a todos los panameños. En guerra avisada no muere soldado.
El autor es abogado y economista