Dicen que uno no debe escribir contrariado (la sensación exacta no sonaría bien), esta semana amerita escribir el artículo con la vesícula hecha un nudo y la bilis en su máxima circulación. Es que nuestro último mes saca de quicio al mismísimo Dalai Lama.
Se supone que la Asamblea es el órgano político por excelencia (escribir asamblea y excelencia en la misma oración debía prohibirlo la RAE), y que por eso las decisiones siempre se tomarán desde un punto de vista político. Si bien el concepto puede ser cierto, es importante diferenciar política de politiquería.
Con las magistradas quedaron claros varios puntos: 1. El poder de matraqueo es menor conforme se acerca el final de un período presidencial. 2. Lo único que les preocupa a los políticos son sus intereses y las próximas elecciones. El país y el bienestar de los ciudadanos les importa un bledo. Como ya comenté en algún artículo previo, las dos candidatas a magistradas no eran malas selecciones, pero tenían serias debilidades. Además, no fueron seleccionadas de acuerdo con la promesa de consultarlo con la sociedad civil. Si bien la ley dice que el Ejecutivo las propone, todos sabemos desde pequeños que la palabra empeñada se cumple. Esa fue la excusa perfecta para darle un sonoro soplamocos al Ejecutivo y que les plancharan sus candidatas.
Después, el sainete de la Comisión de Credenciales. El PRD se percató de cómo puede debilitar al Ejecutivo más y más de aquí a las elecciones. Por eso, decidió que la conformación de esa comisión debía cambiarse para que guardara una relación más cónsona con la representación de cada partido en la Asamblea. Si bien el argumento tiene lógica, lo que sorprende es que esperaran hasta ahora para proponerlo. Así, disolvieron la comisión, dejando la puerta abierta para que los nombramientos futuros ni siquiera lleguen al pleno. Incluso, podrían juzgar al presidente si lo quisieran. Lo cual, dados los 10 milloncitos de Odebrecht que les “donaron”, les deja una espada muy pesada sobre el occipucio “hasta el fin de su mandato”.
Y esta semana, la Contraloría hace públicas las auditorías de la plata que se fumigó la Asamblea entre 2009 y 2014 (las posteriores a esa fecha nanai, nanai) para todo tipo de actividades ajenas a la función de legislar, que es supuestamente para lo que fueron electos. Curiosamente, esas auditorías vienen dando vueltas más de dos años, pero salen a la luz en este preciso momento, cuando desmontaron la Comisión de Credenciales que tan cómodamente controlaba el Gobierno.
Para comenzar, el show del camión lleno de papeles y las fotos de la procuradora cuando los recibía estuvieron fuera de lugar. Pareció más un espectáculo para la galería que una acción administrativa seria. Para empezar, a todos esos diputados tendrían que investigarlos la CSJ y al resto la PGN. Además, si todo ese dinero se usó para campaña política, serían delitos electorales, que entiendo, ya prescribieron. Y como dependemos de la eficiencia del fiscal electoral, los procesos se darían después de inaugurar el noveno juego de esclusas del Canal.
Pero lo más nauseabundo es el resultado de las auditorías. No es que nos sorprendiera que nuestros padres y madres de la patria sean una banda de corruptos, sino que todos esos números juntos “hacen temblar al más plantao”. El caso es que el “cartel de la 5 de Mayo” desapareció la friolera de algo más de 247 millones en un festival de latrocinio en que estuvieron embarrados todos los partidos. El mecanismo tampoco ganará un Nobel de economía. Consiguieron partidas que entregaron a las juntas comunales (lo que hace cómplices automáticos a los representantes de corregimiento) para usarlas en una variopinta lista de usos. 178 millones para “apoyo a la comunidad” (dudo de que sea para tanques de gas, porque con esa plata construirían una refinería). 76 millones para bolsas de comida (y el Dr. Mayo ignora por qué tanta obesidad), 26 millones para materiales de construcción (lo que ellos coloquialmente llaman “hojas de zinc”), 19 millones para “ayuda económica” (que sería más o menos lo mismo que apoyo a la comunidad) y 12 millones para instrumentos musicales y deportivos (seguro tendremos una sinfónica con puros Stradivarius y le compramos los implementos a la selección de esquí alpino de Parita). El caso es que de nuestros impuestos se robaron (sí, robaron), muchos millones de dólares que pudieron usarse para construir escuelas, comprar medicinas o financiar innovación.
Y entonces, ¿qué queda? Que tenemos que entender que esta gentuza está hundiendo a nuestro país, en una miasma de corrupción y clientelismo. Y no vale decir “yo no hice nada ilegal”, ni “a mí no me han acusado de nada”, porque el simple hecho de estar sentados en la misma cámara y no cuestionar directamente a quienes ellos saben que se han robado el dinero de todos los panameños, los hace cómplices de lo ocurrido. Mientras tanto, suben y bajan en el orden del día el proyecto de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, porque no les interesa discutirlo.
Por último, hay que buscar alguna manera ingeniosa de comenzar- sin violar leyes electorales diseñadas para proteger delincuentes-, una campaña dirigida a exhibir su corrupción y que no se reelija nadie en 2019. A mi modo de ver, esa juventud que percibe todo esto y que está dando señales de querer acabar con toda esta porquería que nos envuelve es la que tiene que liderar ese cambio. Solo avisen para ayudar...
El autor es cardiólogo