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Alianza exige la certeza del castigo

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Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza. Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza.
Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza. LA PRENSA/Archivo

La Alianza Ciudadana Pro Justicia opinó que Panamá debe implementar nuevas regulaciones que garanticen la transparencia y la certeza del castigo a su violación, a fin de tener la “fuerza necesaria para negociar en defensa de nuestra plataforma de servicios, exigiendo igualdad en la aplicación de las medidas que asuma la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)”.

En un comunicado público, las 21 organizaciones que integran la Alianza hicieron referencia al escándalo internacional desatado tras la publicación de la investigación global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), luego de que el periódico alemán Süddeutsche Zeitung tuviera acceso a información acumulada en unos 11.5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca.

De acuerdo con el criterio de la Alianza, para recuperar la imagen del país debe darse una colaboración con el Ministerio Público para que este haga una profunda investigación y se envíe un mensaje claro al mundo de que no hay tolerancia a las actividades dolosas.

“Lo grave es que este mayúsculo escándalo sin precedentes se produce en medio de un sistema de justicia en crisis, que además tiene pendiente la investigación de varios escándalos de corrupción y peculado del anterior gobierno de Ricardo Martinelli”, dice el comunicado.

PERIODISTA DECLARA

En tanto, como parte del proceso que adelanta el Ministerio Público, el viernes pasado rindió declaración jurada un miembro del equipo de La Prensa que participó en la investigación global.

La declaración se incluyó en las diligencias que efectúa el fiscal Javier Caraballo, a cargo de la recién creada Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que el martes pasado allanó por 27 horas las oficinas de Mossack Fonseca en Marbella.

Trascendió que otra diligencia llevada a cabo por el fiscal Caraballo, en relación con el caso Mossack Fonseca, c onsistió en la búsqueda de información en la Unidad de Análisis Financiero de la Presidencia de la República.

 

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