La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha admitido aún la solicitud que presentó el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) contra el Estado panameño.
Así informó el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, a la misión de Panamá ante la OEA, según comunicó Mónica De León, jefa de prensa de la Cancillería.
“El caso no ha sido admitido ni procesado por esta entidad”, precisó De León.
La Prensa hizo la consulta al embajador de Panamá en la OEA, Jorge Miranda Corona, luego de que dos diarios propiedad de Martinelli divulgaran hoy que la CIDH “admitió” una “demanda” que el exgobernante presentó en abril pasado.
Previamente, una fuente consultada en la CIDH, que opera en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) –actualmente en Asamblea General-, en Washington, indicó a La Prensa que a la petición que presentó el abogado de Martinelli hace dos meses se le asignó “un número”, lo cual no implica que haya sido admitida.
Según los periódicos controlados por Martinelli, el caso recibió el número P-249-15, dando por hecho que eso implica la admisión de la petición.
El artículo 29 del reglamento de la CIDH explica que la asignación de un número es parte de la tramitación inicial de las peticiones que son presentadas. “Cada petición se registrará, se hará constar en ella la fecha de recepción y se acusará recibo al peticionario”, que en este caso es Martinelli.
Las peticiones son estudiadas por orden de entrada. Si estas no reúnen los requisitos exigidos, la Comisión podrá solicitar al peticionario o a su representante que los complete.
Posteriormente, se solicitará al Estado su respuesta dentro de un plazo de tres meses. “La solicitud de información al Estado no prejuzgará sobre la decisión de admisibilidad que adopte la Comisión”, dicta el reglamento.
Allegados del expresidente han dicho que este podría acudir a la OEA, donde actualmente se celebra la Asamblea General del organismo. No obstante, la propia Secretaría Ejecutiva de la CIDH no recomienda que la parte peticionaria comprometa recursos económicos para viajar a su sede “mientras su petición se encuentra en la etapa de revisión inicial”.
La Prensa, a través de su directora Lourdes de Obaldía, envió una carta por correo electrónico a Emilio Álvarez-Icaza, para solicitar información sobre la petición que presentó Martinelli y en qué etapa se encuentra esta.
El expresidente presentó la petición el 8 de abril pasado. En ella pidió medidas cautelares de protección y “demandó” a Panamá, alegando que los procesos seguidos en la Corte Suprema de Justicia y el desafuero que dictó el Tribunal Electoral (TE) violan el derecho a la doble instancia debido a la inexistencia del derecho a recurrir ante un ente superior.
Su abogado alega que existe un “doble juzgamiento” puesto que –según él- hay dos procesos “por la misma causa”: uno en la Corte y otro en el Ministerio Público.
Los diputados –Martinelli lo es por el Parlacen- solo pueden ser procesados por la Corte Suprema de Justicia y bajo las condiciones que dicta la Ley 55 de 2012 (“Ley Blindaje”), sancionada por el propio Martinelli, cuando era gobernante.
Actualmente, Martinelli tiene dos causas abiertas en la Corte: una por la compra de alimentos deshidratados con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y otro por la intervención de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, a más de 150 empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y opositores al gobierno de Martinelli. En ambos casos, las investigaciones que en su momento adelantó el Ministerio Público no atañen a Martinelli -de hecho, en la vista fiscal de los dos casos no se pide su llamamiento a juicio o sobreseimiento-.
Para el caso del PAN, el pleno de la Corte designó como fiscal a Oydén Ortega. Para el de los "pinchazos", a Harry Díaz. El juez de garantías es Jerónimo Mejía.
(Con información de Aminta Bustamante).