El presidente de la República, Juan Carlos Varela, junto al Consejo de Gabinete, decidió vetar parcialmente el proyecto de Presupuesto General del Estado 2019, y devolverlo a la Asamblea Nacional.
La ley deberá ser discutida nuevamente en sesiones extraordinarias que serán convocadas en las próximas semanas.
El Ejecutivo indicó, mediante un comunicado, que tomó la decisión "luego de un análisis", y explicó que "en el trámite parlamentario se introdujeron modificaciones que vulnerarían las facultades de control y fiscalización sobre los fondos públicos que ejerce actualmente la Contraloría General de la República".
El comunicado agrega que previo a la decisión sobre la objeción parcial, la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, presentó un informe en el que se explicó cómo fue el proceso de discusión del segundo debate de la Ley de Presupuesto en el que se intentó incluir un paquete de reformas de 10 artículos, de los cuales, 8 fueron retirados y 2 aprobados. Estos 2 artículos que se mantuvieron (344 y 338) motivaron la decisión de objeción parcial de dicha ley.
El pasado 31 de octubre, el pleno legislativo aprobó en tercer debate el proyecto de ley, que asciende a $23 mil 669 millones.
La iniciativa, que contiene 350 artículos en 113 páginas, tiene, al menos, tres camarones o goles legislativos, que benefician a la Asamblea Nacional, y a la vez relajan los controles a varias instituciones del Gobierno, como la Caja de Seguro Social (CSS), así como a las asociaciones deportivas y patronatos.
El artículo 276, modificado en segundo debate, señala que cuando se detecten inconsistencias en las partidas para contratación de personal contingente y transitorio, el Ministerio de Economía y Finanzas debe comunicar a la entidad afectada para que proceda con los ajustes correspondientes, y remitir copia de las anomalías a la Contraloría. Sin embargo, se exceptúa de esta normativa a la Asamblea Nacional, entidad que ha estado en el ojo de la tormenta por irregularidades detectadas en las distintas planillas de los diputados.
Mientras que el artículo 345 de esa propuesta de ley dice en su parte final que las asociaciones y federaciones deportivas, así como los patronatos creados por ley, estarán exceptuados de la aplicación de la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas. En cambio se regirán por sus respectivos reglamentos o manuales especiales adoptados por sus juntas directivas.
La Prensa conoció que quienes introdujeron las modificaciones fueron los diputados Luis Barría, del Partido Panameñista; Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático, y Miguel Fanovich, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista.
Más temprano la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) solicitó al mandatario vetar parcialmente la ley. El gremio manifestó su "profunda preocupación" por el "uso inadecuado" de los fondos del Estado, toda vez que ello "incrementa la brecha de la pobreza, les roba la oportunidad a miles de panameños a tener una mejor calidad de vida, y trunca el sueño de cientos de atletas que con el adecuado apoyo estatal dejarían en alto el nombre de Panamá".
Anteriormente, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) resaltó que una de sus preocupaciones sobre el nuevo presupuesto es que la nueva norma no solo incluye cambios en cómo legislar sobre las finanzas públicas en el país, sino que introduce “normas que beneficiarían directamente a entidades públicas”.
Aseguró que se relajarían los controles de la Asamblea Nacional, Caja de Seguro Social, Metro de Panamá y asociaciones deportivas o patronatos.