Las entidades del Gobierno siguen sin cumplir cabalmente la Ley de Transparencia y mantienen un velo a la información pública.
Así lo confirma un reciente informe de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), según el cual a marzo de este año solo el 26% de 103 páginas web de entidades públicas cumple al 100% con lo establecido en la Ley 6 de 2002, de transparencia. El resto, el 74%, cumplen apenas entre el 30% y 96%.
En una evaluación a febrero de 2015, solo dos instituciones públicas –el Tribunal Electoral y la Secretaría Nacional de Energía– cumplía al 100%.
En la medición de este año, la Antai incluyó a cuatro municipios cuyos sitios web no tenían la información o solo mantenían parte de la información requerida, y a la Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (Egesa) cuyo porcentaje fue de 33%, ubicándose en la posición número 17.
Las instituciones peor evaluadas fueron unas 11, que no tienen sección de transparencia en sus sitios web, y entre ellas se encuentran el Servicio Nacional de Fronteras, la Cadena de Frío, Autoridad de Pasaportes, Zona Franca de Barú, y los municipios de Colón, Chitré, Santiago y Los Santos.
Entre las entidades que lograron el 100% en el ranking de transparencia figuran la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Universidad Tecnológica de Panamá, Autoridad Marítima de Panamá, Hospital del Niño, Dirección General del Sistema Penitenciario, Instituto Panameño de Habilitación Especial, los ministerios de la Presidencia, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, y la Procuraduría de la Administración.
También están el Tribunal Electoral, la Fiscalía General de Cuentas y la Secretaría Nacional de Energía.
Para lograr la evaluación, la Antai se basa en una lista de 24 puntos que deben cumplir las entidades en su página web. Estos puntos son tomados de lo que establece la Ley 6 de 2002, conocida como Ley de Transparencia.
Entre las normas a cumplir están: la publicación del reglamento interno, de políticas institucionales, plan estratégico, manual de procedimientos. También deben publicar sus estadísticas, contrataciones públicas, contratación de funcionarios, designación de funcionarios, solicitudes de información, actos sometidos a participación ciudadana y otras informaciones.
Pero los datos más polémicos (y que también están obligados a publicar) son la planilla, gastos de representación, viajes y viáticos. Estos dos últimos son los que menos se publican.