Los fallos judiciales adversos contra los diarios La Prensa y Panamá América son un precedente negativo para la libertad de prensa y desincentivan la investigación periodística sobre asuntos de interés público.
Mientras que un cuestionable anteproyecto de ley de periodismo fue retirado de la Asamblea Nacional, preocupa la discusión de otro sobre reformas al Código Electoral, que afectaría las libertades de prensa y de empresa, ya que regula los contenidos, establece controles de distribución de pautas y fija sanciones, algunas de las cuales conllevan hasta la posibilidad del “cierre inmediato” de medios. El Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y el Fórum de Periodistas presentaron a los magistrados del Tribunal Electoral una propuesta de modificaciones. El periodo de sesiones ordinarias en el legislativo termina el próximo 30 de abril.
Así consta en el informe sobre el estado de la situación de la prensa en Panamá, presentado este sábado 9 de abril, en la Asamblea de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra hasta el próximo lunes en Punta Cana, Santo Domingo.
En diciembre pasado, le juez Decimotercera Civil Melina Robinson condenó a Corporación La Prensa (Corprensa) al pago de $600 mil por “daño moral” a David y Daniel Ochy, propietarios de Transcaribe Trading (TCT), constructora que en agosto de 2012 bloqueó la sede e impidió la circulación de los diarios La Prensa y Mi Diario.
Los Ochy alegaron que las publicaciones de La Prensa sobre sus contrataciones con el Estado fueron “falsas, temerarias, injuriosas y denigrantes”, pero nunca desmintieron la veracidad de las informaciones.
La sentencia –que ha sido apelada- desatiende jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “tratándose de una desproporcionada reparación pecuniaria del supuesto ‘daño moral’, que podría poner en riesgo la existencia de un medio”.
Adicional, en enero, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó la condena al diario Panamá América y los periodistas Jean Marcel Chéry y Gustavo Aparicio a pagar una indemnización de $25 mil al exmagistado Winston Spadafora. El proceso inició por publicaciones sobre el uso de recursos del Estado para construir una carretera que beneficiaba a la finca de Spadafora, entonces ministro de Gobierno y Justicia.
También en enero, el Tribunal Electoral multó a la emisora KW Continente, por supuestamente incumplir con una norma que obliga a llevar un registro de la publicidad estatal en época electoral.
En marzo, el periodista Álvaro Alvarado presentó una querella penal contra aquellos que resulten responsables por delitos contra su honor. Alvarado ha denunciado en redes sociales que el Consejo de Seguridad Nacional ha intentado intimidarlo.
Igualmente, están pendientes los procesos seguidos al exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garuz, por golpear al secretario general del Sindicato de Periodistas, Filemón Medina, así como la audiencia a Garuz y su sucesor en el cargo Gustavo Pérez, por la interceptación masiva de las comunicaciones a través del Consejo de Seguridad Nacional. La audiencia estaba fijada para el 11 de abril, pero fue pospuesta. Se desconoce la nueva fecha.
El informe sobre la situación en Panamá también destaca que en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) hay un proyecto presentado por el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreces, que propone una ley marco de comunicaciones para los países miembros sobre “el derecho al libre acceso a la comunicación”. La propuesta establece mecanismos de control por parte del Estado para “monitorear, advertir y promover” sobre los contenidos de los medios de comunicación.
