Una demanda contra el Estado presentó este jueves, 22 de octubre, la encarcelada exdirectora del Departamento de Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “supuestos daños que ocasionó el retiro de su asilo político” en mayo de 2014, reportó el diario El Tiempo en su versión digital.
La acción no ha sido admitida o procesada por la CIDH.
El 19 de noviembre de 2010 Panamá otorgó asilo territorial a Hurtado, quien entonces era investigada por el escándalo de las intervenciones telefónicas en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Víctor Mosquera, abogado de Hurtado, explicó a El Tiempo que lo que buscan es “que se le repare económicamente” por los daños que le causó la revocatoria del asilo.
El 29 de mayo de 2014, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el asilo territorial otorgado a Hurtado. Tras ese fallo, Hurtado estuvo un tiempo en el país de manera ilegal.
Fue entonces en que la justicia colombiana pidió su extradición para que enfrentara cargo por delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, violación de comunicaciones, peculado por apropiación y falsedad.
Mosquera, a la salida de la sede CIDH en Washington, reconoció que el proceso ante esa instancia internacional “podría tardar al menos años y, de no haber solución amistosa, pasaría luego a la Corte Interamericana con sede en Costa Rica, que sí podría ordenar el pago de una indemnización”.
El 30 de abril de 2015, la Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a 14 años de prisión a Hurtado, por espiar ilegalmente a más de 300 defensores de derechos humanos, periodistas, políticos y magistrados de ese país.
Dicha sentencia rebajó la pena pedida por la Fiscalía, que solicitó 20 años de cárcel para Hurtado por el escándalo de las escuchas ilegales -conocido como "chuzadas"-, ocurrido entre agosto de 2007 y octubre de 2008.
Junto a Hurtado, la Corte sentenció a ocho años de reclusión a Bernardo Moreno, quien fue secretario general de la Presidencia en parte del gobierno de Uribe.