El procurador de la administración Rigoberto González salió al paso de las acusaciones que se le hicieron ayer en el pleno de la Asamblea Nacional, por supuestamente no hacer nada sobre las irregularidades de acoso laboral y sexual en la Defensoría del Pueblo, a cargo de Alfredo Castillero Hoyos. "Yo no se quién habrá dicho que yo no hice nada, quien diga que yo no hice nada, solamente le puedo decir que está mintiendo", manifestó el procurador a La Prensa.
Ayer en el pleno de la Asamblea Nacional, cuando se sustentaba un informe para citar a Castillero Hoyos al pleno, la diputada Zulay Rodríguez, aseguró que las quejas por supuesto acoso laboral y sexual en la Defensoría del Pueblo también habían llegado a la Procuraduría de la Administración, pero que cuando el procurador Rigoberto González vio el caso, el funcioanario que puso la queja fue destituido.
Contó que habías dos casos de mujeres que las obligaban a prostituirse, "y que les pegaron VIH", y que cuando un funcionario de la Defensoría le dijo al defensor Castillero: "por favor mande esto al Ministerio Público, para que investigue porque esta mujer fue prostituida en Panamá, el defensor lo que hizo fue ignorarlo, y cuando él [el funcionario de la Defensoría] fue donde el procurador a pegar la queja (...) lo que hizo el procurador de la Administración, fue que lo despidieron al día siguiente (...)"
"Cuando en una de esas denuncias que nos presentaron, luego del análisis nos percatamos de que hace alusión a hechos que podían constituir un delito, responsablemente lo remitimos a la Procuraduría General de la Nación (PGN). Eso lo que yo puedo decir porque aquí hablar es fácil pero sustentar es difícil", argumentó el procurador González.
González manifestó que "parte de esas personas [las que rindieron testimonio en una comisión legislativa por supuesto acoso laboral y sexual en la Defensoría] ya habían pasado por la Procuraduría de la Administración". Insistió en que su despacho hizo el trabajo, y que si alguien considera que no lo hizo, que sustente que fue lo que hicieron "incorrectamente".
Prueba de sus gestiones en este caso, aseguró, son las resoluciones que emitió sobre el tema. Explicó que como la Procuraduría de la Administración no puede investigar al defensor del Pueblo, entonces los envió a la Procuraduría General de la Nación.
Explicó que cuando le presentan quejas a nivel administrativo, ellos verifican que exista "un mínimo de veracidad", y que no sean "cuestiones fantasiosas", para hacer el trámite que corresponde. Después emiten una resolución en la que informan al funcionario que existe una queja en su contra, donde explican en que consiste, para que les de un informe del hecho.
Alfredo Castillero Hoyos, defensor del Pueblo, tendrá que comparecer este miércoles 9 de octubre al pleno legislativo, en medio de un proceso que se le sigue por supuestas quejas de acoso sexual y laboral en la institución.
Tendrá que responder un cuestionario de seis preguntas. Una vez que el defensor culmine sus descargos, los diputados podrán hacerle preguntas y, al finalizar, el presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, pedirá al pleno que decida si está de acuerdo con la remoción.
La decisión será irrevocable, pues con ella se agotan todas las vías administrativas en las que Castillero Hoyos pueda apelar. Para aprobar la remoción se requiere de 48 votos de los 71 diputados que conforman la Asamblea.