Las autoridades de seguridad pública anunciaron un plan para contener la creciente infiltración de droga en contenedores con destino a Europa.
La estrategia, presentada como una ofensiva interinstitucional, involucra no solo a los cuerpos de seguridad, sino también a la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) y a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
El anuncio lo hizo el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, tras una reunión de alto nivel en la que participaron el viceministro Luis Felipe Icaza; el secretario general del Minseg, Juan Carlos Rodríguez; el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández; y el director del Servicio Nacional Aeronaval, Luis De Gracia.
La misión oficial es ambiciosa: establecer una política nacional de puertos seguros capaz de frenar a las redes criminales que contaminan contenedores para enviar cocaína desde las costas panameñas hacia Europa y otros mercados. “Hemos hecho una catarsis entre lo positivo y lo negativo de cada institución y hemos logrado conformar un solo equipo de trabajo”, dijo Ábrego.
Puntos débiles
No obstante, el mismo anuncio expuso los puntos débiles que persisten en el sistema. Los escáneres de inspección de contenedores, considerados la primera barrera contra el narcotráfico, no operan de forma continua. El ministro reconoció que el problema no es la falta de equipos, sino de personal entrenado para utilizarlos. La promesa oficial es resolverlo en un plazo de 15 días a un mes. Explicó que agentes de la Policía Nacional actualmente se entrena para manejar estos equipos.
El plan también contempla reuniones inmediatas con los jefes de seguridad de cada terminal portuaria. También se hará un encuentro entre el presidente José Raúl Mulino y los gerentes de las concesionarias. Se espera que de esas conversaciones surjan compromisos concretos para reforzar los controles.
Aun así, hay varias preguntas relevantes: ¿quién garantizará que los escáneres funcionen las 24 horas del día?, ¿cómo se blindarán los puertos frente a la corrupción interna?, ¿y qué papel asumirán las concesionarias privadas, que históricamente han mostrado resistencia a mayores costos de seguridad?
La ofensiva se inscribe dentro del Plan Firmeza, la estrategia del gobierno de Mulino para proyectar control ante el crimen organizado. Pero el desafío es mayor. Un reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), titulado “Infiltración de las cadenas de suministro de carga marítima: delincuencia organizada, cocaína y el conspirador interno”, advierte que Panamá ocupa un lugar crítico como centro de transbordo para el narcotráfico en América Latina.
El estudio, que cubre los años 2023 y 2024, resalta la vulnerabilidad del país por su ubicación estratégica y apunta un riesgo adicional: el traslado de drogas por carretera o ferrocarril entre terminales de transbordo dentro del territorio panameño. El elevado número de incautaciones en los puertos sugiere, además, que buena parte de la operación para contaminar contenedores cuenta con la complicidad de los llamados “conspiradores internos”.
Se trata de personas que ya forman parte de la cadena logística o portuaria y que colaboran de manera deliberada con el tráfico de drogas. Podrían ser empleados, contratistas o funcionarios de puertos, terminales o transporte marítimo que aprovechan su posición para facilitar el ingreso, movimiento o manipulación de la droga dentro de los contenedores.
De hecho, el pasado martes fueron capturadas cuatro personas que laboraban en un puerto del Pacífico panameño. Están vinculadas a una operación que investiga el envío de un contenedor con 220 paquetes de cocaína, detectado en enero pasado con destino a Francia. La droga, valorada en $14 millones en el mercado internacional, fue hallada en un contenedor contaminado.
