El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, defendió el traslado de 29 privados de libertad de alta peligrosidad a la isla de Coiba y reiteró que la medida tiene un solo propósito: cortar la comunicación de los cabecillas del crimen organizado con el exterior.
“Que lastimosamente no puedan hablar por teléfono para ordenar la muerte de nadie o para traficar 500 o 1,000 kilos de un lugar a otro de este país, ahí lo siento mucho. Si es por mí, no lo van a hacer”, sentenció.
“Lo más importante que nosotros debemos esclarecer es que los detenidos que nosotros nos llevamos a la isla son jefes de pandillas, de organizaciones criminales que trafican drogas y matan panameños todos los días”, afirmó el ministro, quien precisó que todos los trasladados son condenados.
IMPORTANTE: En Panamá no existe contradicción entre combatir el crimen y respetar la ley. Quienes hoy permanecen detenidos en Isla Coiba conservan intactas todas sus garantías legales y constitucionales. Pero no perdamos de vista lo esencial: nuestra prioridad debe ser proteger a… pic.twitter.com/yljzOvZK53
— Frank Abrego (@frankabregom) July 5, 2026
Ábrego informó que a los reclusos se les respetan “todos los derechos humanos” y “todos los derechos legales”. Contó que algunos ya conversaron con sus abogados por videollamada o conferencia por internet, el mismo mecanismo previsto para su relación con jueces y fiscales.
Una huelga de un día
El ministro confirmó que los trasladados hicieron una huelga de hambre, pero le restó importancia. “Creo que duró un día, porque tuvieron que accesar la comida, porque ya hoy no está la mamá o el papá que le lleva la comida a la puerta de la cárcel”, expresó. Recordó que el Estado proporciona la alimentación a todos los detenidos del país.
“Ellos allá reciben todo: ropa, comida, papel higiénico, cepillo de dientes, que mucha gente pobre en Panamá no tiene”, agregó.
El jefe de la seguridad pública pidió voltear la mirada hacia el otro lado de la ecuación criminal. “Empecemos a respetar el derecho de las víctimas, que hoy lo vemos reflejado en la sociedad. Estamos hablando de los niños que están consumiendo droga en las escuelas, de la violencia doméstica producto de la injerencia de droga. Eso es lo que yo creo que nos debe preocupar”, manifestó.
El debate
Los 29 presos, considerados de “alta peligrosidad” fueron llevados el pasado 13 de junio, desde distintos centros penitenciarios, al centro de reclusión que funciona dentro de la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en Coiba, bajo administración del Servicio Nacional Aeronaval (Senan). La operación se ejecutó en coordinación con la Policía Nacional, que asumió la seguridad interna del recinto.
El Ministerio de Seguridad justificó la medida por las vulnerabilidades detectadas en la cárcel de Punta Coco, en el archipiélago de Las Perlas, desde donde, según la versión oficial, se coordinaban actividades ilícitas. Tras el hallazgo de teléfonos celulares en celdas de ese penal, una treintena de unidades de la Policía Nacional y del Senan quedaron bajo investigación por presunta colaboración con los detenidos.
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La decisión reactivó un debate legal y ambiental. Coiba albergó una colonia penal desde 1925 hasta su cierre en 2004, cuando la Ley 44 creó el Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio Mundial Natural por la Unesco en 2005. El Ministerio de Ambiente advirtió, en una carta del 10 de junio, que la reapertura de una cárcel permanente en la isla carece de viabilidad jurídica, aunque luego aclaró que el traslado no implicó nuevas edificaciones dentro del área protegida.
El episodio ocurre en medio de una crisis del sistema penitenciario, golpeado por la fuga de 195 reclusos del centro penal La Joyita el pasado 1 de junio, la mayor evasión registrada en el país en los últimos años.
