Helicópteros, policías con armas largas, caravanas de vehículos de uso táctico y reclusos esposados que caminaban con la cabeza baja. Los rostros de las autoridades en primer plano.
La imagen parecía sacada de una película de acción. Forma parte de un video que mostró el traslado de 29 presos calificados como de alta peligrosidad a la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en la isla Coiba.
El Ministerio de Seguridad trasladó a 29 reos de alta peligrosidad hacia el centro penitenciario de la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en la Isla Coiba. La operación se realizó bajo estrictas medidas de seguridad.https://t.co/8AY4Rsw86W pic.twitter.com/taKzBJEvDP
— La Prensa Panamá (@prensacom) June 14, 2026
El Ministerio de Seguridad, a través de un comunicado, informó que el traslado ocurrió bajo estrictas medidas de seguridad y con participación coordinada de la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
El gobierno de José Raúl Mulino presentó la medida como parte de un plan para limitar la capacidad de acción de cabecillas de organizaciones criminales. Según el boletín de prensa, los 29 privados de libertad fueron trasladados desde distintos centros penitenciarios.
“Esta medida, se produce en el marco de la vulnerabilidad que presenta el centro de detención de Punta Coco, desde donde se estarían coordinando actividades ilícitas afectando a ciudadanos panameños”, dice el comunicado.
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La cárcel de Punta Coco, ubicada en la isla del Rey, en el archipiélago de Las Perlas, fue creado como centro de aislamiento para privados de libertad considerados de alto perfil.
Sin embargo, el comunicado no detalló cuáles fueron las vulnerabilidades detectadas, en qué centros penitenciarios ocurrieron, cómo se comprobaron las comunicaciones ilícitas ni qué controles fallaron en las cárceles donde estaban recluidos los privados de libertad trasladados.
El Senan administra el penal
El centro de reclusión en Coiba funciona dentro de la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, bajo administración del Senan. Esa base, de acuerdo con la versión oficial, cuenta con personal especializado en combate al narcotráfico y con equipo tecnológico para prevenir comunicaciones o acciones ilegales.
El Ministerio de Seguridad indicó además que la Policía Nacional asumirá la seguridad interna y el Senan tendrá a su cargo la seguridad externa.
La información oficial tampoco precisó si el uso de la estación aeronaval como centro de reclusión temporal o permanente cuenta con evaluaciones ambientales, autorización del Ministerio de Ambiente o consulta con las instancias encargadas del manejo del Parque Nacional Coiba.
La historia
La decisión revive un capítulo importante de la historia de Panamá: Coiba vuelve a figurar como sitio de reclusión, dos décadas después del cierre del histórico penal.
La isla cargó durante gran parte del siglo XX con una dura reputación carcelaria. El Estado formalizó allí una colonia penal en 1925, durante el gobierno de Rodolfo Chiari Robles. Durante décadas, su distancia del continente la convirtió en un lugar de castigo, aislamiento y control.
Coiba alojó presos comunes, pero también quedó asociada a la persecución política durante la dictadura militar. Los testimonios sobre abusos, violencia y condiciones severas marcaron su historia.
Los últimos presos
Sin embargo, el penal dejó de operar en 2004. Entre los últimos reclusos que salieron de la isla figuran Narciso “Mali Mali” Batista González y Margarito Flores.
Ese año, el Estado clausuró la colonia penal y Coiba cambió de rostro. Se formalizó con la Ley 44 de julio de 2004, que creó el Parque Nacional Coiba y fijó un régimen de protección especial para sus ecosistemas terrestres y marinos.
Un año después, en 2005, la Unesco incluyó al parque y su zona especial de protección marina en la lista de Patrimonio Mundial Natural.
Desde entonces, Coiba pasó de antigua cárcel a parque nacional, laboratorio natural, destino de investigación científica y símbolo de biodiversidad.
Sus bosques y mares forman parte de uno de los espacios de mayor valor ecológico del Pacífico panameño. Por eso, la llegada de 29 reclusos de alta peligrosidad reabre una discusión legal, ambiental e histórica.
Choques con Miambiente
De hecho, el Ministerio de Ambiente se pronunció al respecto. En una carta fechada el 10 de junio de 2026, a la que tuvo acceso este medio, el ministro Juan Carlos Navarro le comunicó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, su oposición a la reapertura de un centro penitenciario en la isla.
MiAmbiente advirtió que una medida de ese tipo carece de viabilidad jurídica y choca con la Ley 44, el plan de manejo del parque y los compromisos asumidos por Panamá ante la Unesco.
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No obstante, en un comunicado divulgado en la noche de este domingo MiAmbiente afirma que el traslado se hizo con “bajo la más estricta confidencialidad” y por esa razón, ese ministerio “desconocía de dicha acción”.
Agrega que la carta “se dio en referencia a la posibilidad de transformar Coiba en un Centro Penitenciario Permanente con nuevas edificaciones e instalaciones de seguridad, lo cual no es viable por razones legales, ambientales y de protección del patrimonio de la humanidad”.
El comunicado distribuido por la Presidencia de la República añade que el patrimonio natural del Parque Nacional Coiba no ha sido afectado por la acción realizada el pasado sábado 13 de junio; no se ha realizado la construcción de edificación nueva alguna; ni se han hecho reformas que impacten el área protegida; y ninguna actividad se realiza o realizará fuera del edificio ocupado por el Senan.
“MiAmbiente realizará las inspecciones periódicas permanentes a futuro para garantizar que no se impacte el área protegida Parque Nacional Coiba”, agrega la nota de prensa.
Así nació Punta Coco
En el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) se creó la cárcel de Punta Coco, en la isla del Rey, para recluir a privados de libertad considerados de alto perfil. La idea oficial consistía en aislar a los cabecillas y cortar sus vínculos con pandillas o redes criminales.
Entre los primeros enviados a ese centro penal figuraron Azael Ramos, Carlos Mosquera, José Cossio, Clifford Alfonso Hilton Patterson y Henry Alexander Martínez.
En esa lista también estaban Jorge Camargo Clarke, alias Cholo Chorrillo; Jossimare Sheffer Muñoz; Virgilio Magallón; Danyelo Dayan Ramírez; Mirko Michelle Cito; Fernando Montoya; Eduardo Macea y Ricardo Malcolm.
Las autoridades los relacionaban con delitos como narcotráfico, tráfico de armas, homicidios, pandillerismo o hechos violentos de alto impacto.
Punta Coco nunca escapó a la polémica. La Defensoría del Pueblo denunció condiciones crueles, inhumanas y degradantes.
Expertos en derechos humanos cuestionaron el aislamiento, el acceso limitado a abogados y familiares, la falta de ventilación y la ubicación del penal fuera de la estructura ordinaria del Sistema Penitenciario.
El gobierno de ese momento sostuvo que el traslado buscaba alejar a esos reclusos de sus pandillas y proteger a terceros.
Crisis penitenciaria
El traslado hacia Coiba parece responder a una crisis más amplia del sistema penitenciario. No obstante, Punta Coco fue creada con el mismo argumento que hoy se utiliza para justificar Coiba: aislar a reclusos de alto perfil y cortar sus vínculos criminales.
El debate surge en medio de los desafíos que enfrentan las autoridades de Seguridad Pública en materia de seguridad ciudadana. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, ha identificado 121 grupos pandilleriles y ocho grandes corrientes criminales que dominan el escenario delictivo.
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A ello se sumó la fuga, el pasado 1 de junio, de 195 reclusos del centro penitenciario La Joyita. La evasión golpeó la credibilidad del sistema penitenciario y obligó a las autoridades a mantener operativos de búsqueda, con recompensas por información sobre los prófugos.
Cuestionamientos
Coiba como cárcel, ya generó cuestionamientos desde sectores ambientales, políticos y de derechos humanos.
Magaly Castillo, abogada, activista y defensora de derechos humanos, recordó que en el 2014 La Gran Joya, fue presentada como una mega cárcel de máxima seguridad diseñada precisamente para neutralizar el crimen organizado.
Sin embargo, añade, con una población de más de 5,600 privados de libertad, “la realidad actual es una confesión de incapacidad: el gobierno admite que sus estamentos de seguridad no pueden evitar que las estructuras criminales sigan operando desde dentro”.
“Resulta contradictorio que, mientras países como Colombia gestionan a más de 4,000 presos de alta peligrosidad en centros continentales sin recurrir a islas penales, Panamá se declare incapaz de controlar a menos de treinta sujetos en una instalación de “máxima seguridad”, afirma.
Este traslado deja al descubierto una crisis de mando, control y corrupción", manifestó a La Prensa.
La abogada concluyó con la siguiente reflexión: “Lo peligroso es que en un contexto de creciente judicialización hacia los líderes sociales en Panamá, ¿qué garantía hay de que la isla penal no termine siendo utilizado para confinar a voces críticas o figuras políticas en medio de protestas sociales?
Mientras que la diputada de Vamos, Janine Prado, le envió un mensaje al presidente Mulino. Le recordó que en 2010 señaló que la isla no volvería a ser un penal. Tildó el traslado de inconsulto y “sin tomar en cuenta posibles repercusiones”.
“Ilegal, improcedente y Contraria al interés del Estado” pero igual hicieron lo que les dio la gana! 😡
— Janine Prado (@janineprado06) June 14, 2026
¿Para qué tenemos instituciones si cada quién va por su lado?
El Sistema Penitenciario tiene Punta Coco, la Megajoya, etc…
El Parque Nacional Coiba es Patrimonio Mundial… https://t.co/vqcFnbgi6P
