Entre las interrogantes de los diputados de la Asamblea Nacional durante la sustentación del presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) un tema fue constante: el agua para el consumo humano y el tránsito de buques.
Los recuerdos de la sequía de 2024 —que llevaron a la ACP a limitar el número de buques que podían transitar por las esclusas— circularon por la Comisión de Presupuesto, que finalmente aprobó en primer debate el proyecto de ley 309, que dicta el presupuesto de la entidad en 5,207 millones de dólares para la vigencia fiscal del año 2026.
En la Comisión fueron expuestas las medidas que está tomando la ACP para garantizar la sostenibilidad hídrica tanto para el consumo humano como para el tránsito de buques: el proyecto de embalse Río Indio.
“La solución de Río Indio es una solución que podemos decir, es desesperada, ante una situación de generar el bienestar a todo el país a través de los ingresos del Canal de Panamá (...). Esta solución, que resuelve por 50 años, no significa que el país ahora tiene 50 años de holgura para ver cómo resuelve el resto del problema, es un problema urgente y de ya, un tema nacional donde el Canal de Panamá aporta su competencia para ayudar a resolverlo“, dijo Ricaurte Vásquez, administrador de la ACP sobre el proyecto de Río Indio.
La “mejor opción” ante la urgencia del abastecimiento de agua para el consumo humano y para las operaciones del Canal “es Río Indio”, explicó Vásquez. No obstante, el administrador admitió que el proyecto no es una solución definitiva.
El proyecto de embalse generó cuestionamientos por parte del diputado Manuel Samaniego, de la Coalición Vamos, particularmente porque implica el desplazamiento de los residentes de comunidades aledañas al río Indio.
Vásquez sustentó que el embalse en el área de río Indio es mejor frente a la alternativa del lago Bayano, puesto que ella implicaría que la ACP hiciera una inversión fuera de su propiedad, algo que dice, sería una experiencia nueva.
Entre 2006 y junio de 2024, el área de río Indio se encontraba fuera de la cuenca de la ACP, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en julio de 2024 restituyó los límites de una norma de 1999, entre los que se incluye río Indio como parte de la jurisdicción de la ACP.
Vásquez explicó, además, que cualquier opción afectaría en algún grado a la población, al tiempo que detalló que el problema para el abastecimiento de agua para el consumo humano es de distribución, no de producción.
Por su parte, Ilya Espino de Marotta, subadministradora de la ACP, explicó que el proyecto es urgente, puesto que “estamos viendo cada vez años secos más frecuentes”. Al tiempo, aseguró que la comunidad en el territorio quiere colaborar con el Canal y que aquellos que lo hagan tendrán compensaciones proporcionales a los bienes materiales y los medios de vida que poseen.
No obstante, en mayo de 2025, moradores del sector realizaron una marcha acuática contra el proyecto. “El río Indio enfrenta su mayor amenaza ante el apetito insaciable de la junta directiva de la ACP (...)”, aseguró entonces Florentino Chirú, vocero de la Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses, organización que se opone al proyecto.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha achacado a “la izquierda radical y grupos de la Iglesia católica radical de la izquierda” la oposición de moradores al proyecto, mientras el Canal continuará con el trabajo en sitio para convencer a los moradores de la reubicación hasta febrero de 2026.
El proyecto tendrá un costo total de $1,600 millones, en los que se incluyen $400 millones para compensaciones.
Los números duros
De acuerdo con las cifras presentadas, la ACP proyecta ingresos totales por 5,207 millones de dólares para el año 2026, de los cuales 3,796 millones corresponden a peajes y 1,321 millones a otros servicios de tránsito.
Los gastos de operación ascienden a 1,615 millones de dólares, siendo los servicios personales (752 millones), prestaciones laborales (106 millones) y depreciación y deterioro (208 millones) los rubros más representativos.
Sin embargo, se prevé una reducción en los ingresos de cerca de $400 millones, cuando se compara el mismo rubro con el año 2025.
La utilidad neta estimada para el año fiscal 2026 alcanza 3,369 millones de dólares, de los cuales, tras provisiones y reservas, se generarían excedentes por 2,648 millones. Además, el programa de inversiones asciende a 756 millones de dólares, lo que refleja la estrategia de la ACP para mantener y fortalecer la competitividad de la ruta.
Igualmente, se esperan aportes de la ACP al Tesoro Nacional por el orden de $3,193 millones para 2026.
El proyecto, finalmente pasará a segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional, donde se espera llegue la próxima semana, antes del 30 de septiembre de 2025.
